Cuando la balanza de los comentarios políticos y notas periodísticas se inclinan a un personaje, entonces hablamos de cierta animadversión al aspirante o político, en mención, que más que afectarle el duro golpeteo, éste lo fortalece, debido a que lo ubica en la agenda diaria y su imagen se posiciona.
Un ejemplo en Veracruz de lo citado en el anterior párrafo, sería lo que pasa con el panista, Miguel Ángel Yunes Linares, de quien ayer por lo menos se observaron 5 notas con diferentes temas donde se critica y cuestiona su labor, su actuar y hasta se habló de la posible implicación de enriquecimiento ilícito.
Temas que son lanzados en el momento más oportuno, una vez iniciada la carrera electoral; habrá que cambiar la estrategia si el interés es acabar a un político, rival o adversario porque no es a “periodicazos” como lo lograrán. Se siguen equivocando, les falta inteligencia.
Estamos ante una crisis de los propios partidos políticos y las nuevas formas de utilizar a los medios de comunicación por quienes ejercen la política, transformándose así el escenario con severas repercusiones en la sociedad y en los programas y proyectos de desarrollo.
Se atraviesa por una enorme crisis que ha colocado -a la sociedad, votantes, electores, gobernados o como se le quiera llamar a la sociedad- en segundo plano, dando paso a una auténtica disputa de parte de los actores, a fin de que sus intereses prevalezcan, confundiendo así el debate electoral, las campañas políticas y el acercamiento con la gente, con modalidades de espectáculo, agresiones hechas públicas y una guerra de lodo que solo lanza un mensaje frívolo y banal del descredito con el que hoy se pretenden ganar las campañas electorales.
Dicen los panistas aliados a Yunes Linares que al señor no le ocupa el golpeteo y hasta se ríen de quienes utilizan ésta estrategia; tan tranquilo andaba el aspirante a diputado plurinominal, que sus aliados comentaron, se fue al parque Juárez, ubicado a un costado de palacio de gobierno, a volearse los zapatos mientras las notas se disparaban en su contra.
En resumen se sigue equivocando la estrategia y más aún la del combatir al enemigo y si vamos al fondo legal y no mediático de lo que ocurre observamos a los partidos políticos -de la misma manera que con el golpeteo en medios- incurriendo en la ilegalidad, en prácticas tramposas y sucias y buscando el escarnio electoral y no el compromiso con los veracruzanos.
Tras el escándalo suscitado con motivo de la presentación de audios por parte de Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares, la cacería se ha desatado y la guerra electoral ha iniciado.
Y entonces el PRI actuó imitando y también dio su conferencia de prensa, para anunciar miles de denuncias contra los Yunes por presunto desvió de recursos, presentando como pruebas, audios de llamadas telefónicas, obviamente intervenidas, luego mandaron al Secretario de Finanzas, Salvador Manzur a seguir los pasos de Miguel Yunes Márquez, presentándose en la PRG. Les hace falta creatividad ¡sin duda!
El PRI y los Yunes saben que sus denuncias no son más que un escándalo electorero, al igual que todas las acusaciones lanzadas; es como el juego de la papa caliente, uno se la pasa al otro y así hasta que haya un ganador que sin duda será el que aguante más.
Pero al PRI habrá que puntualizarle, en el tema legal, que en lo que se refiere a sus herramientas de respuesta, las grabaciones telefónicas o conversaciones privadas solo son admitidas como prueba en materia penal, cuando son obtenidas en cumplimiento de una orden expresa, de intervención de comunicaciones privadas, de autoridad judicial competente y con las limitantes que dispone la legislación vigente. O si alguien participara personalmente en la conversación, estaría legitimado para grabarlas y aportarlas, pero exclusivamente como prueba del delito.
Si no existiere una orden judicial se trataría entonces de un delito, por lo que las grabaciones así obtenidas, no solo no deben ser divulgadas, sino que además, carecen totalmente de valor probatorio, por no haber sido obtenidas cumpliendo los requisitos y las limitantes, que previenen las leyes de la materia, para su autorización.
Lo anterior sustentado en los párrafos decimo segundo al décimo quinto, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente dice: “…Las comunicaciones privadas son inviolables.
La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.
El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
Y aquí vale la pena destacar, que la autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo. ¿Así o más clara la ley? Y en el caso de Veracruz se trata de utilización de audios y grabaciones de llamadas telefónicas con fines electorales.
También el código penal federal dispone en su artículo 177.- A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa…”. Ahí les hablan políticos veracruzanos. @magzamu