La Constitución Política del Estado y la Ley de Fiscalización Superior para el Estado, establecen que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) es un instituto “autónomo” dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, además de autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que apoya al Congreso en el desempeño de su función de fiscalización.
Así, se supone que el ORFIS hace de la fiscalización el instrumento eficaz que estimule el control, la transparencia y la rendición de cuentas en los entes fiscalizables, llámese ayuntamientos o dependencias.
La realidad dibuja otro panorama: el retrato de la cotidianidad es el de la corrupción y la politización que envuelve a dicho órgano, que es utilizado más que como fiscalizador, como un instrumento de presión, chantaje, persecución y complicidad.
Si realmente el ORFIS cumpliera su función, entonces no habría alcaldes que han desfalcado sus ayuntamientos y que cómodamente brincan de un cargo a otro, donde muchas veces suelen regresar a la misma responsabilidad pública, con la complicidad de los órganos fiscalizadores y del propio congreso de la unión.
No basta ser un conocedor de las finanzas y contabilidad para percatarse de lo que ocurre, no solo en Veracruz, sino en todo el país, donde en época electoral suele presentarse la casería, y no propiamente con la intención de encarcelar a quienes mal usaron y mal gastaron el dinero público como lo establece la suprema ley.
El Órgano de Fiscalización ha sido utilizado como medida de presión para bajar en sus aspiraciones a muchos de los que buscan un nuevo puesto de elección popular, y que dejaron muy mal las finanzas de un ayuntamiento, entonces, es ahí cuando viene la consigna. Y aquí sí, no importan los colores partidistas.

“La cárcel o declinar en sus aspiraciones”
O bien, está el otro lado de la moneda: el enriquecimiento de muchos de los funcionarios que laboran en el ORFIS a cambio de limpiar de un plumazo toda evidencia de desfalco, y a contra recibo del “favorcito” obtener cuantiosas propiedades o sumas de dinero, se trata de la repartición del pastel.
Y qué decir de los momentos en que solo como medida de imagen pública y credibilidad son encarcelados exalcaldes de municipios pequeños y refundidos en la sierra de algún rincón veracruzano, sin que caigan los peses gordos, esos que realmente han saqueado los ayuntamientos.
La lista es interminable y los ejemplos a citarse podrán ser incalculables, pero será tema de otro escrito. Mientras tanto habrá que preguntar al ORFIS cuántos de los alcaldes -que ya han dejado sus municipios para ir en busca de un diputación federal o bien de los que actualmente permanecen en el encargo público y que en breve cerraran su ejercicio y su mandato- serán procesados por el robo descarado a las arcas municipales.
Tan solo aquí en Xalapa, lo ocurrido con el dinero público da mucho que desear; obras de relumbrón y al mismo tiempo una ciudad con severas carencias, pésima imagen urbana, calles y avenidas convertidas en un verdadero peligro, debido al número de baches y alcantarillas abiertas.
Habrá que ver la eficiencia del este órgano y el encarcelamiento de alcaldes poderosos, pero no al contrario: el premio a su desfalco para seguir escalando o brincado de cargo en cargo.
Se trata de un tema de corresponsabilidad y de complicidad al mismo tiempo; y uno se preguntaría ¿para qué invertir el dinero público en oficinas y personal que cuide el manejo de los recursos de los ayuntamientos, cuando es una obligación?
Para qué invertir en capacitación del manejo de los recursos si debería de ser una obligatoriedad de quienes aspiran a una alcaldía y no como lo establece actualmente la constitución: que para ser presidente municipal, es suficiente saber leer y escribir.