El mes de junio es cuando vence el plazo que se les ha dado a las autoridades municipales y estatales de aclarar los quebrantos financieros de la pasadas administraciones. Funcionarios de la Secretaría de la Función Pública otorgaron un plazo de 45 días para que denuncien ante las autoridades del estado, toda clase de anomalías en el manejo de los recursos públicos provenientes de la Federación, y en caso de no hacerlo, tendrán los alcaldes y secretarios de Estado que asumir las responsabilidades de ser copartícipes de estos delitos.
Poseen estos investigadores federales información detallada de los destinos de estos recursos federales, y las órdenes giradas es que sean los alcaldes y autoridades actuales las que presenten las denuncias y dejar que sea el propio procurador Reynaldo Escobar el que proceda, avaladas estas acusaciones por el Órgano Fiscalizador y el Congreso del Estado.
Se encuentran en la mira el director del Orfis, Mauricio Audirac y Eduardo Andrade, presidente de la Legislatura local. Tienen la gran oportunidad de actuar de acuerdo a la ley y evitar responsabilidades de encubrimiento o complicidad. En el caso de delitos federales no procede el fuero estatal.
Todo el paquete se lo están dejando finalmente a Reynaldo Escobar para su debut formal como Procurador General del Estado de Veracruz. Él sabe la bomba de tiempo que le dejaron en sus manos donde se juega su destino.
La PGR también tiene los mismos expedientes y los mismos objetivos que se persiguen con estas leyes. Le dejan al funcionario estatal un amplio espacio para la acción ejecutiva que debe realizar.
Dependencias como Conagua y Banobras son parte de estas minuciosas investigaciones. Son cientos de millones de pesos los que fueron desviados y se conoce extraoficialmente la fortuna de quienes son los dueños de esos bolsillos.
Aseguran los investigadores de la Secretaría de la Función Pública, que se escogieron tanto dependencias estatales como ayuntamientos, de manera aleatoria, pero casualmente se encuentran los ayuntamientos de Cosamaloapan, Xalapa y Coatzacoalcos en la larga lista. El primero figura con un quebranto arriba de los cincuenta millones y la capital veracruzana con más de cien millones, solo de la auditoría realizada por Conagua.
El ex alcalde de Cosamaloapan, Juan René Chiunti, estuvo enterado que de las participaciones de Caminos y Puentes que ascendieron el año pasado a 23 millones, solo le llegaron cinco y los 18 restantes se quedaban con su jefe y paisano cuenqueño. Dinero que no es etiquetado, pero que hay que justificar. El edil tuvo que aceptar, pero exigió a cambio de que su esposa fuera la candidata del PRI. Es otro más del centenar de municipios que se perdieron en las pasadas elecciones.
El problema más serio lo confrontan las autoridades actuales, es que tienen que ser los delatores a cambio de su inocencia con el pasado.
Es un triste papel de soplón que no tiene salida. El plan maquiavélico del gobierno de Felipe Calderón es, que sean los que tienen el poder en sus manos los propios denunciantes.
Para las autoridades federales, las pruebas que buscan están a la vista. En Oaxaca fue el sexenio de los hospitales y en Veracruz fue el sexenio de los puentes.

El predestino de un hotel

En el terreno aledaño al hotel Mocambo se erigirá el mejor casino del sureste del país. Lo increíble es la historia de ese lugar. En la década de los treintas, un grupo afín al licenciado Miguel Alemán Valdez, el primer presidente civil, inició la construcción de un monumental casino. Fue el propio presidente Lázaro Cárdenas el que prohibió que se establecieran en México este tipo de juegos de azar. Por lo que la estructura hecha para ese centro se modificó parcialmente para que fuera el hotel Mocambo. Para lo que fue creado originalmente ese inmueble, hoy en día, regresa al ambicioso proyecto de su nacimiento.