Se desconoce hasta el momento qué salida van a encontrar las autoridades de la Contraloría del Estado, el Órgano Fiscalizador (Orfis) y el Congreso del Estado, para que los 123 exalcaldes puedan solventar cerca de mil millones de pesos que fueron desviados durante el ejercicio del 2009, más los que se acumulen durante su administración del año pasado, donde seguramente se incorporará otro número de funcionarios delincuentes, tanto municipales como de las secretarías del estado.
No es ningún secreto que sí hubo malos manejos en el 2009, en el último ejercicio se despacharon con la cuchara grande.
No hay presidencia municipal de las 212 existentes que no haya dejado vacías las arcas para los nuevos ediles. En esta ocasión no solamente se ocuparon de los dineros, sino que también barrieron con mobiliarios, transportes y equipos.
En esta nueva lista del ORFIS deberán figurar altos funcionarios del gobierno del estado, porque resultaría muy extraño que sólo en los ayuntamientos más pobres, se dieran estos latrocinios y mientras que los municipios con recursos y en las dependencias estatales que manejaron elevadas sumas de dinero no ocurriera este tipo de delitos.
Si existiera este tipo de encubrimientos tan obvios, los exalcaldes; como Guadalupe Porras de Minatitlán, con 38 millones 630 mil pesos, Juan Antonio Lavin de Córdoba, con 54 millones, Juan Rene Chiunti de Cosamaloapan, con 29 millones, Blanca Batalla de Alamo, con 61 millones, etc, etc. Con justificada razón exigirían que Marcelo Montiel de Coatzacoalcos pague los 270 millones que el ORFIS le detectó o los cientos de millones de pesos que encontraron de malos manejos en la Secretaría de salud o las elevadas sumas en las Secretarías de Comunicaciones, Educación, Desarrollo Económico y tantas otras que se agregarán al ejercicio del 2010, que ha sido el peor de la historia de la entidad veracruzana.
La justicia debe ejercerse con equidad y como constancia de una perpetua voluntad. Sin justicia los funcionarios serían una partida de salteadores.

Cuestión de cultura
El secretario General del PRD en el Estado de Veracruz, Juan Carlos Mezhua Campos, debería asistir a un curso sobre psicología política y de esta manera no tendría que hacer comentarios personales de un iletrado, como si se tratara de la opinión general de los militantes de ese partido en la entidad.
Podría ser un problema de lectura para no estar enterado de los planes mancomunados de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard y con ello evitar hacer observaciones particulares que demuestran su ignorancia.

Un mal negocio
Durante años el gran negocio de tener placas de taxis era considerado como un premio para algún miembro de la clase política. Un buen número de periodistas también tuvo ese privilegio económico que les redituaba grandes ganancias.
Para los trabajadores del volante se convirtió en una pesadilla tener que laborar para una persona ajena a su gremio. Una especie de “cuijes” citadinos que tenían que alquilar estas placas y el vehículo para tener un trabajo.
Lo que en un pasado era un buen negocio se convirtió en el presente en un pésimo quehacer en el aspecto financiero. Con el reparto de miles de placas durante el sexenio pasado y la que se pretende en este año entregara a la CNOP. La brutal competencia trastornó esta actividad y son contados los auténticos trabajadores que logran obtener alguna ganancia y sobrevivir.