La candidatura ciudadana que persigue el ex gobernador Dante Delgado Rannauro esta centrada en la búsqueda de personas ajenas a grupos políticos y sin antecedentes de militantes o adherentes a los partidos existentes.
Es un divorcio total con la clase política. Una separación de aquellas personas que han hecho de la actividad política su único y particular modus vivendi.
La partidocracia a lo largo y ancho del país apesta.
Con esto de las alianzas partidistas no hay principios y mucho menos alguna ideología con la se podía tomar como bandera. No hay ningún respeto para el votante. Tienen mucha razón los priístas en molestarse con las coaliciones entre el PAN y el PRD, ya que sólo ellos tenían la exclusividad para hacerlas. Es una franquicia que ellos compraron hace tiempo.
Encontrar a ese tipo de ciudadanos comunes y corrientes que quieran participar en el urgente cambio que requiere la entidad veracruzana no es tarea fácil. No se concibe dentro de esta corriente de Convergencia para aquellos que tienen en su currículum diputaciones o cargos edilicios que sirvan como tradicionales avales para buscar un nuevo cargo de representación popular.
Tienen que ser caras nuevas. Conocidas por sus actividades sociales y por destacar en los diversos campos profesionales. Pero sobre todo que no estén contaminados por algún partido político o por tener un poderoso padrino que sea funcionario público.
Es la única seguridad que se tiene con los candidatos ciudadanos son los únicos que no tienen cola que les pisen.
El único “grillo político” sería el candidato a Gobernador, licenciado Dante Delgado Rannauro.

Viene lo mejor para Montiel

De acuerdo al popular lema utilizado en la propaganda política de los candidatos a gobernador del estado, “De viene lo mejor”. También en las publicitadas denuncias mediáticas en contra del presidente municipal de Coatzacoalcos, don Marcelo Montiel, se puede garantizar que ahora viene lo mejor.
Los ases que siempre se guardan para el final de las partidas o el “Jaque Mate” del ajedrez político.
Resulta inexplicable como se van juntando las contundentes y demoledoras pruebas que aportan de manera interesada personas y grupos de la sociedad veracruzana, comprometidos para que desaparezcan esos cacicazgos. Se llego al hartazgo por parte de la comunidad coatzacoalqueña sobre la impunidad existente durante siete largos años, por lo que resulta interesante la solidaridad encontrada.
El gobernador Fidel Herrera ya lo había anunciado a finales del año pasado: “Yo lo meto a la cárcel”.


Protección a periodistas

La cámara de Diputados asumió el compromiso de legislar a favor de los periodistas y legislar para elevar a rango constitucional el secreto profesional de los comunicadores con lo que ellos podrán mantener en total privacidad el origen de sus fuentes.
No habrá manera legal que obligue a el reportero dar a conocer quien es su informante o la manera como obtiene ciertos datos que enriquecen sus informaciones. De esta forma los funcionarios que exigían que el periodista proporcionara la forma y la fuente de sus noticias quedarían a salvo al mantener a nivel de la Carta Magna el secreto de sus trabajos de investigación.
La diputada Yolanda Valencia de Acción Nacional, presidenta de la Comisión especial de Seguimiento de Agresiones a los Periodistas, impulsará trabajos para dar protección y seguridad a los reporteros. Resulta lamentable que sea en México donde han ocurrido el mayor número de hechos de sangre en donde más de 60 periodistas han perdido la vida.
Respecto a las amenazas de muerte que recibiera la periodista Alma Delia Pérez al haber destapado la cloaca de ilícitos cometidos por servidores públicos del estado de Veracruz, autoridades de la PGR dieron a conocer que las sanciones que posiblemente se les impondrían como “consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, la sanción será de un año hasta diez, si el monto de aquéllos no excede de 200 salarios mínimos y en caso de excederse de diez a veinte años”. No se descarta que algunos grupos de personas beneficiadas salgan en la defensa de estos funcionarios utilizando para su defensa los argumentos de siempre: defectos en los procedimientos, insuficiencia de pruebas, tecnicismos legales, presunción de inocencia y el estricto apego la ley, interpretada como mejor convenga.
La impunidad sólo desaparecería si no hubiera grupos de poder y se esfumaran los intereses particulares de quienes nos gobiernan.