Lo que va a ocurrir en Coatzacoalcos es de pronóstico reservado. El alcalde Marcelo Montiel aún no se define a quién de los candidatos del PRI o de otro partido se decidirá apoyar. Como lo ha manifestado a varios de sus empleados y amigos su aspiración era la de llegar a ser el próximo gobernador, o sea que ahora que no se cumplió su deseo, coquetea abiertamente con aquella persona o instituto político que le ofrezca mayores seguridades, debido a que tanto el Orfis como el propio gobernador Fidel Herrera le tienen la mira puesta.
Sabe perfectamente los graves delitos que ha cometido y que de acuerdo a las denuncias y como en este caso no existe el perdón por tratarse de un servidor público, debe buscar la mayor protección de quien lo suceda.
En el mismo caso se encuentran varios miembros de su comuna y de manera particular es el tesorero Rafael Anaya.
Son tres los aspirantes del PRI a los que se les endulza el oído, Joaquín Caballero, Gonzalo Guízar y Ramón Hernández Toledo.
El problema más serio de la actual comuna es la salida de su bien remunerado auditor, Alfonso Jiménez Guízar, que con las componendas registradas que tenía con el tesorero Rafael Anaya los deja desprotegidos de las inminentes acciones que están en marcha de la Contraloría y del Orfis. Son varios los diputados locales de diferentes partidos políticos quienes exigen que se ejerza la acción de la justicia.
Sabe el gobierno estatal como se operó en la pasada elección para que perdiera el PRI y esta traición se la tienen que cobrar. Existe un video donde Rafael Anaya le entrega a Gonzalo Guízar Valladares un maletín para que trabajara en los últimos comicios. Se supone que era para la compra de votos. Pero, en contra. El resultado es bien conocido.

Deshonroso sitio.

El que Veracruz ocupe el segundo lugar a nivel nacional en agresiones que han recibido los periodistas y los medios no es nada honroso para la administración de Fidel Herrera, máxime que es la única entidad que cuenta con una Comisión estatal para la defensa de los comunicadores.
Las cifras sobre ataques a reporteros que se registraron el año pasado en el país son las más elevadas de la historia. Según el informe de Artículo 19, fue de 244 hechos delictuosos sobre la libertad de expresión.
El 65 por ciento de estos ataques fueron realizados por funcionarios que no sólo fueron autores intelectuales sino hasta presuntos autores materiales.
En el estado de Veracruz tiene un singular relieve la participación de los presidentes municipales que se transforman en caciques locales y son intolerables a cualquier crítica o señalamiento. De acuerdo con el reporte, uno de los rasgos más alarmantes es el grado de impunidad en la mayoría de las agresiones registradas.
No se concibe cómo se permiten estos hechos delictuosos de alcaldes corruptos cuando personalmente el gobernador Herrera Beltrán es considerado como un apasionado defensor de la libertad de expresión.
El 75 por ciento se efectuaron contra medios impresos.
Geográficamente Oaxaca, Veracruz y Chihuahua son los estados con mayores agresiones. No obstante el número de homicidios fue más alto en Durango y Guerrero.
Estos organismos afirman en su informe que homicidios y desapariciones de periodistas son un claro indicador de debilitamiento democrático.