Los arreglos económicos a los que había llegado el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares para que los funcionarios del gabinete de Javier Duarte de Ochoa no pisaran la cárcel o que tuvieran denuncias que no ameritaran mucho tiempo de encierro, donde entregaron fuertes sumas de dinero, joyas y algunos inmuebles,  ahora son investigados por la Fiscalía General de la República que preside Alejandro Gertz Manero.

Resulta obvio que también se investiga la complicidad y los arreglos en lo oscurito de los altos funcionarios panistas que participaron en este reparto de recursos públicos robados. El trabajo realizado por el Orfis, Auditoría Superior de la Federación e Inteligencia Fiscal sobre las cuentas bancarias y bienes obtenidos por estos deshonestos servidores públicos, permitió conocer los nombres de estos delincuentes de cuello blanco, donde de nuevo aparecen,  Tarek Abdala, Mauricio Audirac,  Gabriel Deantes, José Díaz Valenzuela, Tomás Ruiz, Fernando Charleston y Carlos Hernández. Los auditores encargados de estos casos, aunque se dice que algunos de ellos están exonerados, pero están sus nombres en las carpetas,  donde coinciden al calificarlos  como un masivo e inédito desvío de recursos federales en el gobierno de Veracruz.

Estiman que son más de 62 mil millones de pesos el monto proveniente de 14 fondos federales, que fueron mal manejados y desaparecidos en los bolsillos de funcionarios de la administración del priista Javier Duarte.

Cabe señalar de acuerdo a la versión dada a conocer, ninguno de ellos se encuentra detenido. Están conscientes en la ciudad de México que es fácil llegar a ciertos arreglos en la entidad con los funcionarios estatales,  por lo que decidieron que las investigaciones y los procesos se realicen en la  capital de la República y evitar la tentación de la corrupción e impunidad que existe en las esferas oficiales.

Lo ocurrido en Veracruz fue el mismo patrón que utilizaron los secretarios de Finanzas del PRI y del PAN, recibían estos recursos federales,  los sacaban de las cuentas bancarias que estaban autorizadas para su operación y los movían hacia otras cuentas del propio gobierno donde desaparecían sin dejar ningún rastro.

Los funcionarios de las pasadas administraciones permitieron que los mismos empleados que conocían a detalle el uso de la famosa licuadora estatal siguieran en sus puestos y aún continúan en la administración estatal de Morena.

Son inamovibles por todo lo que saben.

Llegó la hora para los servidores públicos

Se terminó el tiempo de espera, la Fiscalía General de la República por las denuncias presentadas por  la Auditoría Superior de la Federación ordenó las órdenes de aprehensión y empezaron a ser detenidos los altos funcionarios federales de la administración de Enrique Peña Nieto. En la investigación figura el Consejo de Administración de Pemex,  donde están los exsecretarios Ildefonso Guajardo, Luis Videgaray y Pedro Joaquín.

Para Veracruz, el paquete de carpetas abiertas en contra de numerosos funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa se puso en marcha y arrancados estos procesos se siguen de largo con autoridades panistas, donde figura con el papel principal de ejecutor de denuncias, el auditor general del Orfis, el contador Antonio Lorenzo Portilla. No hay plazo que no se venza y urgieron a las autoridades estatales a proceder con las denuncias.

Es el peculiar estilo del gobierno de López Obrador donde reúnen primero y en forma detallada todas las pruebas sobre corrupción y lavado de dinero para proceder de manera legal e índole penal.