El odio que ha despertado en ciertos medios y periodistas nacionales el presidente López Obrador resulta enfermizo, lo acusan de lo que hacen otros funcionarios federales como si él fuera responsable. Loret de Mola abre su noticiero asegurando que el presidente de México está implicado en la venta de medicamentos al gobierno de Veracruz de Cuitláhuac García por parte de Carlos Lomelí, delegado federal en Jalisco y propietario de la empresa Abisalud dedicada abastecer fármacos e insumos de salud desde hace años atrás.

¿Qué tiene que ver el mandatario mexicano con lo que hacen empresarios que trabajan en sus negocios y que laboran dentro del gobierno? No se trata del papá de estos servidores públicos para cuidarlos que se porten bien.

Lo más seguro es que ni tiene conocimiento de estas operaciones y mucho menos si existe algún conflicto de intereses.

Carlos Lomelí fue candidato de Morena al gobierno de Jalisco y posiblemente es quien tenga mejores precios de estos productos que requiere el gobierno para enfermos veracruzanos.

 Según encuesta de El Heraldo de México, López Obrador cuenta con la simpatía del 70 por ciento del pueblo. Es el mejor reflejo que está de acuerdo con lo que está haciendo.

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Lo cierto es que la gran mayoría de los ciudadanos quieren que ya empiecen las autoridades de la Fiscalía General de la República a hacer realidad que la corrupción de expresidentes y exgobernadores termine la impunidad y se haga justicia, por lo pronto que empiece a poner plaquitas de todo lo decomisado. Ninguno de ellos puede comprobar que son inocentes del inexplicable enriquecimiento ilícito que tienen en cuanto a propiedades, cuentas bancarias y joyas. No se les conoce a ninguno de ellos que hayan realizado actividades ajenas al servicio público.

Por otro lado, se sabe que si están trabajando las autoridades judiciales y de la Secretaría de Hacienda en los 294 mil expedientes que había congelado la antigua PGR sobre las actividades ilícitas realizadas por estos funcionarios desde la época de Carlos Salinas de Gortari.

Serán las elevadas temperaturas que se confrontan a lo largo y ancho del territorio mexicano que la paciencia se acaba y se requiere de algunas espectaculares acciones que hagan realidad la justicia que se proclama de la Cuarta Transformación y que se trata de un régimen diferente.

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Que no ocurra lo que está pasando con el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda y el magistrado federal, Isidro Avelar Gutiérrez, que fue el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos quien los acusó de las grandes riquezas que poseen y sus relaciones con los cárteles de la droga, por eso les embargó los cuantiosos bienes que poseen en aquel país.

¿Y las autoridades de México?

No hicieron nada y las denuncias las realizaron gobiernos extranjeros… es el colmo de la desfachatez y la exhibida de la protección que reciben los delincuentes en México. También están acusados por jueces norteamericanos su esposa, Ana Lilia López y sus hijos, Alejandra y Pablo. Son dueños de residencias, ranchos y caballos por valor cada uno de 250 mil dólares. El salario de Roberto Sandoval cuando fue gobernador era de 89 mil pesos al mes.

El fiscal del estado, Édgar Veytia, está detenido desde hace tiempo en una prisión de San Diego. Corresponsales de California que llevan el caso, ya manejan cierta similitud con Veracruz por el exgobernador y su fiscal.