Un buen número de los atentados que sufren los periodistas en este país y en el estado llevan al silencio. Se han documentado 544 casos de agresión a medios y comunicadores en el año pasado, convirtiendo a México y al Estado de Veracruz como el lugar más peligroso del continente para ejercer el periodismo.

La impunidad en contra de estos atentados, como el reciente que tuvo el periódico Imagen, es del 99.13 por ciento. La intimidación y la censura es una moneda de cambio entre la prensa y el poder.

El dar a conocer lo ocurrido en la madrugada del pasado domingo en las instalaciones del Corporativo Imagen en el puerto de Veracruz fue un SOS para cambiar esta novela de terror que se vive a lo largo en la entidad.

Es necesario implementar mecanismos y protocolos de defensa para proteger a los comunicadores y sus medios.

Al romper el silencio de estos casos de agresión es con el propósito de que esta situación de intimidación cambie y se garantice la libertad de expresión.

La celebración penal del primer aniversario

No es ninguna novedad de que la anterior PGR encubrió graves delitos y congeló órdenes de aprehensión y abultados expedientes donde figuran destacados personajes de la política veracruzana.

Existe un plazo de dos meses para que salgan a la luz pública, coincide con la fecha del primer aniversario del triunfo electoral de López Obrador y Cuitláhuac.

El final de la corrupción

Hay que reconocer cuando un periodista se equivoca y comete errores al proporcionar una información equivocada. Le ocurrió al economista Carlos Loret de Mola al asegurar que el contrato de mil millones de pesos para retirar el sargazo de las costas mexicanas del Caribe le fue otorgado a un recomendado del director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, recayendo en el coordinador del proyecto del Tren Maya, Pablo Careaga Córdova.

El conflicto de intereses estaba a la vista, pero se equivocó el comentarista de Televisa, ya que esos trabajos serán realizados por los miembros de la Secretaría de Marina, quienes poseen los equipos adecuados y la experiencia en las bases navales que existen en esa zona del estado de Quintana Roo.

Lo mismo ocurre con el aeropuerto internacional de Santa Lucía que era el negociazo de más 300 mil millones de pesos con el nuevo aeropuerto de Texcoco, ya que no se les otorgó a ningún contratista del sector privado sino que serán los ingenieros constructores egresados del H. Colegio Militar considerados como los más calificados para ese tipo de obras.

Son personas que ya laboran en el gobierno en dependencias militares y navales, que no significan una mayor erogación en los presupuestos, muy diferentes a los empresarios privados de la construcción, que esperan obtener grandes utilidades y que están obligados  a salpicar a los funcionarios que les otorgaron dichos contratos.

Punto final a la corrupción de seis sexenios.