Toda una cátedra de ética legislativa les diera el senador Ricardo Ahued a los senadores del PAN, Indira de Jesús Rosales y don Julen Rementería, sobre querer partidizar el combate en contra de la inseguridad que se vive en Veracruz.

La forma de enfocar el grave problema de la violencia que existe en la entidad donde los mochos opositores del PAN lo que buscan es encontrar como culpables de los sangrientos acontecimientos ocurridos en Minatitlán, al presidente López Obrador y al gobernador Cuitláhuac García, dejando a un lado el dolor de las víctimas y el miedo que se vive en el país.

Sólo de refilón, el exalcalde de Xalapa les recordó cómo dejó a Veracruz el exgobernador Yunes Linares, sin policías, ni patrullas y saqueadas las finanzas públicas, para poder recomponer la situación que se confronta.

De manera inteligente y cordial los invitó a agruparse a todos los senadores de los partidos políticos para reunirse con el secretario de Seguridad, doctor Arturo Durazo, a fin de centralizar los dos poderes para examinar la grave situación de violencia nacional y de manera específica profundizar en la del Estado de Veracruz.

Su atinada intervención mereció el reconocimiento de la mayoría de los legisladores de la Cámara Alta.

Duro y tupido contra el gobierno

Sobre la campaña mediática en contra de los miembros del gobierno estatal de Cuitláhuac García, no se puede dejar al margen que quienes están detrás y la financian, poseen grandes recursos monetarios.

El problema del manejo del idioma y del peculiar uso de un singular vocabulario, no se puede encubrir el disfraz de una información que obviamente es pagada. Provocar el debate que sostiene la libertad de expresión es el sello del gobierno que busca la cuarta transformación.

Los mensajeros de Yunes

De las amenazas recibidas a Lorenzo Antonio Portilla, Auditor General del Orfis, por dos mensajeros del pasado gobierno estatal, se mantenía como una información confidencial. Dentro de esa advertencia  había también la otra parte, la compensación millonaria por mantener el secreto.

El oro de la complicidad del silencio.

La respuesta de Portilla Vázquez fue clara en cuanto que las denuncias presentadas por irregularidades detectadas en la fiscalización de los recursos públicos, no son por consigna o un capricho, sino que sólo cumple con su deber de cuidar y proteger los bienes del pueblo veracruzano.  

Resulta obvio que en corto plazo tendrá que dar a conocer la cuenta pública de 2018, donde se han realizado más de mil 700 auditorías y se entiende el nerviosismo, preocupación y el temor que estas investigaciones encierran.  Para una mayoría de los altos funcionarios de la administración pasada les resulta difícil... cómo justifican lo que se les ordenaba y ahora corren el riesgo de ser los responsables de estas irregularidades de la manifiesta corrupción que han denunciado las máximas autoridades, tanto del país como del estado. 

La advertencia que no habrá impunidad en ningún caso cierra el círculo en contra del gobierno veracruzano panista, tal como se había vaticinado.