Roselia Barajas Olea es licenciada en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene estudios de Maestría en ecosistemas por la California State University Fullerton.

Una de las fundadoras del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) que dirigiera el veracruzano Ing. Heberto Castillo y siempre precursora de la corriente de izquierda, leal por décadas al proyecto de cambio de Andrés Manuel López Obrador, la señora Roselia fue diputada federal y se le ha propuesto como embajadora en la República de Costa Rica.

Por sus compromisos familiares y personales, Barajas Olea habría desistido ante algunas invitaciones para sumarse al gabinete del tabasqueño, pero tras la cordial recepción y desayuno privado que sostuvo recientemente en Coatzacoalcos la familia Robles Barajas con el mandatario nacional, su compañera de lucha ya no tuvo para donde hacerse ante la solicitud directa de Andrés Manuel para incorporar al servicio exterior mexicano.

Es pues, una de las nuevas integrantes del cuerpo permanente de funcionarios del Estado, responsables de ejecutar la política exterior de México. Y lo hará en un país, con encumbradas relaciones de intercambio comercial, y donde empresarios mexicanos tienen sentadas importantes inversiones.

Tan solo uno de ellos, es el hombre más rico de México y sexto del mundo, Carlos Slim. Que si no es un portento la presencia mexicana en aquel país, que el dueño de Telcel en México y accionista de The New York Times tiene en tierras ticas la mayor inversión de su empresa América Móvil y la firma Elementia productora de cemento en Estados Unidos y México.

México se ha convertido en la cuarta fuente de Inversión Extranjera Directa (IED) para el país centroamericano, después de Estados Unidos, Panamá y España. Tan solo el año pasado la  Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México (Cicomex) reportó una inversión de empresas mexicanas en aquel país del orden de los 1.600 millones de dólares.

MUY EN CORTO

MIÉRCOLES NEGRO PARA EL FISCAL.

Este miércoles, Jorge Winckler Ortiz fue blanco nuevamente de una ola de fuertes señalamientos respecto a su trabajo al frente de la Fiscalía General del Estado, que refuerzan los argumentos de diversos sectores de la sociedad, y que es evidente no solo se manifiestan con un rechazo público hacia este servidor público, sino que también han solicitado su renuncia al cargo.

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio el primer paso, al ordenarle desbloquear de sus redes sociales a comunicadores y ciudadanos. Cabe mencionar que dicho fallo se da por el juicio de amparo promovido por el comunicador Miguel Ángel León Carmona en contra de Winckler Ortiz, quien pese a amparos federales se negaba a desbloquearlo de Twitter, pero además, si no cumple la resolución, tendría que enfrentar consecuencias legales por incurrir en desacato.

Por cierto que este caso fue retomado ayer mismo por el periódico El País bajo el título “Un fiscal mexicano, obligado a desbloquear a un periodista en Twitter”.

En tanto, quien no dudó en arremeter contra el abogado Winckler fue la diputada federal Carmen Medel Palma, madre de la joven Valeria asesinada en Camerino Z. Mendoza en noviembre pasado, pues ante el anuncio por parte de la FGE sobre la detención del presunto implicado en el asesinato de su hija, a través de su cuenta de Twitter aseguró que dicha información es falsa y que la procuración de justicia de @AbogadoWinckler es vergonzosa.

Un hecho que dejó dudas cuando la legisladora borró el twit que había emitido, pero como dicen por ahí “palo dado ni Dios lo quita”. Pero si se preguntaron más de uno qué habrá pasado que la diputada federal  Medel, borró su tuit en el que recriminaba a la FGE

Quizá la duda saltó con la confusión del comunicado donde se dio como un hecho una detención de Diego N. que “ya se había dado”, lo que se convirtió en un teléfono descompuesto.

A la par de esto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña, corrigió las declaraciones del fiscal respecto a que las órdenes de aprehensión “no se recogen, sino que se notifican”, al sostener que en el nuevo sistema de justicia penal “dado que todo se realiza en audiencia, las partes quedan notificadas en ese momento sin necesidad de la existencia de una notificación posterior”.

Desde de la capital del estado, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, exhibió que Jorge Winckler Ortiz mintió a los veracruzanos, al anunciar la detención de Diego “N”, presunto implicado en el asesinato de Valeria Cruz Medel, puesto que éste ya había sido detenido en enero por la Fuerza Civil y entregado a las autoridades de la Fiscalía General de la República.

Además, dejó al descubierto las omisiones “sospechosas” de la FGE en este polémico caso, ya que detalló que el mismo 20 de enero, cuando Daniel “N” fue detenido, el fiscal solicitó a un juez de control de proceso la correspondiente orden de aprehensión que le fue concedida al día siguiente, el 21 de enero; es decir, que dejó pasar dos meses para notificar dicha orden a Diego ‘N’ en el reclusorio federal de Villa Aldama, por la presunta comisión de delitos del fuero común, pese a que ya contaba con todos los elementos jurídicos para hacerlo.

Finalmente, el coordinador de los programas federales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, acusó que tanto en la procuración, como en la administración de justicia han encontrado obstáculos, que en el caso de la Fiscalía lo entienden, porque el titular Jorge Winckler Ortiz obedece a los intereses del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y no a los de la ciudadanía que reclama justicia.

Además, dijo que tienen ya documentados los casos donde la FGE no iba a recoger ni tampoco ejecutaba las órdenes de aprehensión contra delincuentes, lo que evidencia una colusión con maleantes.

¿Se habrán equivocado al calificar el trabajo del fiscal, sobre todo a sabiendas de que en política no existen las coincidencias?