Son 44 expedientes “fantasmas” que tiene contabilizado el Organo de Fiscalización Superior del estado de Veracruz que son precisamente eso, pues no existen y ni rastros quedaron de ellos al ser “limpiados” por la pasada Legislatura, y en el que deja ver hubo un hecho de corrupción para favorecer a los alcaldes señalados de omisiones, desvío y daño patrimonial, según el caso.

El tema es que el Orfis da cuenta de las irregularidades en el manejo del erario de parte de las administraciones municipales que, según éste, configuran un delito y es obligación de los diputados formalizar las denuncias penales correspondientes, pero resulta que en el periodo anterior del Congreso Local nada de esto ocurrió.

La impunidad pues, es el sello que caracterizó a la pasada Legislatura, y sobre todo, no fueron castigados los delitos cometidos por autoridades en esos 44 ayuntamientos. Lo que hace suponer hubo complicidad y contubernio de los legisladores que salieron y algunos que repitieron en la actual conformación legislativa.

Según la nota del periodista de este corporativo, Jesús Ruiz la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura solventó 350 millones de pesos de recursos observados por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en la Cuenta Pública de 2017.

Lo anterior no tendría nada extraño si no es que de las observaciones por ese momento, se realizaron sin generar expedientes respectivos. Según el diputado de Morena Eric Domínguez Vázquez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la actual LXV Legislatura, no habría antecedentes al respecto.

Es decir, de acuerdo a lo que declara el morenista no existen entonces rastros o explicación de cómo pudieron solventar la millonaria cantidad, que una vez que el Orfis la transfirió al Congreso no tenía vuelta de hoja sino que proceder legal o penalmente contra los responsables.

De lo que hace hincapié en todo caso Erick Domínguez es que en el pasado fue una mayoría panista la que pudo haber dejado pasar estas anomalías de alcaldes en su último año de administración. Es decir la Cuenta Pública del 2016 fue la que presentó observaciones en 44 ayuntamientos y en un presunto dejo de corrupción o simplemente impunidad  optaron por pasar por alto tales anomalías.

MUY EN CORTO

CON AMLO SINDICALISMO BAJO LA LUPA. La presión que pesa sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador para que proceda contra los dirigentes sindicales corruptos tarde o temprano parece que se impondrá a la política de amnistía y reconciliación del mandatario.

Porque además, el tabasqueño ha dejado abierta la brecha de que si la gente lo pide entonces serán castigados los ladrones.

Y este 18 de marzo en la conmemoración de la Expropiación petrolera parece haber mandado un mensaje claro. La no grata presencia del líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, Carlos Romero Deschamps al no haber sido convocado a los festejos.

Simple y llanamente no fue invitado. Hay que recordar que sobre este personaje, cacique del sindicalismo revolucionario, al igual que otros tantos que todavía coletean por ahí, pesan sendas denuncias por corrupción ante la ahora Fiscalía General de la República.

Ayer en entrevista con Televisa, el  líder del Sindicato de trabajadores telefonistas, Juan Manuel Montiel Rodríguez,  también reconoció que con cada cambio de gobierno nuevas cosas deparan al sindicalismo. Y con Andrés Manuel no ha sido la excepción. “No nos ha tomado en cuenta” afirmó. Parece que no ha querido trabajar con nosotros.

Así las cosas, parece que el sindicalismo puede empezar a renovarse o la presión social podrá imponerse a la buena voluntad de AMLO.

Y lo pueden hacer bajo una sola premisa. Dejar de robar a sus agremiados y velar por sus intereses.