Inicia el nuevo gobierno de la república con una gran esperanza de gran parte de la población y muchos temores por quienes saben de economía y recuerdan la funesta historia de los años 70s del siglo pasado.

Si bien es cierto que todos aplaudimos el combate a la corrupción y el programa de austeridad impulsados por López Obrador, a muchos nos preocupa la forma en que se aplican las buenas intenciones por los resultados contraproducentes que pudieran generar.

En primer lugar, la corrupción no se combate eficazmente cuando hay impunidad; cuando a los políticos que saquearon al erario y nos endeudaron por varias generaciones se les otorgan perdones anticipados y con esto la oportunidad de irse con absoluta tranquilidad a su casa para disfrutar todo lo que se robaron.

Esto, más que generar confianza entre la ciudadanía, le provoca un severo agravio.

En segundo lugar, la austeridad no puede aplicarse a rajatabla llevándola al extremo. Poner en venta el avión presidencial cuando éste todavía no se ha terminado de pagar, puede resultar más costoso de lo que se piensa, debido a las sanciones por incumplimiento de lo pactado que este tipo de contratos tienen estipulado. Además, llevarlo a guardar a un hangar extranjero para dar la idea de que con eso ya cumplió el presidente con su ofrecimiento de venderlo, resultará carísimo, porque habrá de pagarse el alquiler del hangar en dólares, cuando aquí tenemos uno para guardarlo que nos costó nada menos que mil millones de pesos y por el cual no se paga renta.

No sea que estemos cuidando los centavos y descuidando los pesos.

Esto mismo sucede con el aeropuerto de Texcoco. Los tenedores de los bonos emitidos para financiarlo piensan demandar al gobierno mexicano por incumplimiento, lo que de hacerlo llevaría a México a tener que litigar el caso en tribunales internacionales, con muy escasas posibilidades de éxito y el enorme riesgo de terminar pagando cantidades multimillonarias por las sanciones que nos impondrían.

Por otra parte, los distintos tipos de controles que ya empiezan a observarse, también preocupan.

El nombramiento de los super delegados que manejarán en cada estado los recursos federales que lleguen a las entidades federativas, también genera suspicacia, porque tendrán igual o mayor poder que los gobernadores, siendo que estos últimos fueron electos y los super delegados serán impuestos desde el centro.

Aún hay más. Se suspende la construcción del aeropuerto de Texcoco y se impulsa la construcción de uno nuevo en Santa Lucía que ni siquiera cuenta con el proyecto ejecutivo, ni tampoco considera en sus costos la reubicación de la base militar, ni  la construcción de vías rápidas para conectar el actual aeropuerto con el nuevo.  A ver que pasa cuando llegue alguien en un vuelo a Santa Lucía y tenga que abordar el siguiente avión en el actual aeropuerto de la ciudad de México, distante 50 kilómetros, en medio de un tráfico intenso y eso sin contar con las marchas, bloqueos y manifestaciones que paralizan el tráfico.

El Tren Maya y el Ferrocarril del Istmo, constituyen también proyectos costosísimos cuya viabilidad económica ni siquier está comprobada y pueden convertirse en un barril sin fondo. Las expresiones ocurrentes como: “Me canso ganso”, serán chistosas y algunos hasta las festejarán, pero no sustituirán jamás a los estudios serios que demuestren de manera convincente su viabilidad.

Aún hay más. El censo que se hace casa por casa para elaborar un padrón de beneficiarios del programa social denominado 68 y más, no lo hacen empleados públicos, sino supuestos voluntarios a los que pomposamente se le llama “servidores de la nación”. Resulta obvio que estas personas son simpatizantes de MORENA, con lo cual le darán un sesgo partidista a un programa creado para combatir la pobreza. Esto se traducirá en votos cautivos para las próximas elecciones.

En lugar de apoyar con mayores recursos a las universidades públicas que ya existen en el país y que por cierto, están a la quinta pregunta respecto a sus finanzas, piensan abrir cien universidades más, lo que implicará una disminución en la calidad de la educación impartida y la posibilidad de que éstas se conviertan en centros de adoctrinamiento partidista.

El plan de incorporar el Seguro Popular al Seguro Social solo incrementará los problemas de este último, por la saturación de pacientes. Si ya de por sí a los enfermos les dan citas para dos o tres meses después de que las solicitan, imaginémonos lo que sucederá cuando haya más derechohabientes, sin incrementar la capacidad del Instituto para atenderlos.

El nuevo gobierno también ofrece dar créditos a la palabra, es decir, sin respaldo alguno; comprar productos del campo a precios de garantía, cuando ni siquiera tiene espacios suficientes para almacenarlos, ni recursos para comprarlos. Tampoco un sistema de comercialización eficiente, lo que fomentará la corrupción y el riesgo de que los productos perecederos se echen a perder. No estamos descubriendo el hilo negro. Estamos recordando la misma historia que ya vivimos cuando el gobierno federal implementó similares políticas públicas.

Con estas acciones nos vuelven a pasar la misma película que ya vimos en los años 70s, cuando aplicaron programas similares que pretendían sacarnos de la pobreza y administrar la abundancia, pero que dieron como resultado exactamente  lo contrario.

Como para reflexionar a tiempo.

¿No les parece a ustedes?

Muchas gracias y buen fin de semana.