La imagen que mediáticamente ha vendido hasta ahora el panista Miguel Ángel Yunes Linares es la de un gobernante implacable contra la corrupción e impunidad que marcó a la anterior administración estatal.

Y es que aparte de que su fiscal Jorge Winckler mantiene en prisión preventiva a algunos excolaboradores del exgobernador Javier Duarte –aunque todavía faltan varios de los exfuncionarios que más se enriquecieron–, Yunes Linares se ofreció también como testigo ante la Procuraduría General de la República para presentar pruebas en contra de Karime Macías y de la red de cómplices, amigos y familiares de la esposa del expriísta, que presuntamente participaron en el millonario desvío de recursos públicos.

Sin embargo, el mandatario veracruzano del PAN no ha cumplido cabalmente aún con la obligación constitucional de alinear las leyes locales al Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es precisamente inhibir actos y conductas como las que han llevado a la cárcel a su antecesor y excolaboradores.

La resistencia de Yunes y de otros gobernadores ha motivado que un juez federal admitiera a trámite uno de los dos amparos con los que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) busca que se reconozca que, de acuerdo con la Constitución Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Congreso de la Unión es el único competente para legislar en esta materia, y, en consecuencia, se determine que los estados carecen de facultades válidas para emitir leyes locales.

Desde el pasado 18 de julio esta ley regula los procedimientos, causas de responsabilidad y sanciones para todos los servidores públicos, pero según el Comité hay confusiones a nivel local sobre cuál es la norma aplicable a funcionarios estatales y municipales, así como a los particulares que interactúan con ellos.

El juez fijó el 4 de septiembre para audiencia constitucional del juicio, pero el dictado de la sentencia podría prolongarse si se piden informes a todos los Congresos locales para verificar el estatus del tema de responsabilidad administrativa en cada entidad.

Además, para que se aclare que el pasado 18 de julio todos los Estados debieron derogar sus leyes de responsabilidades o abstenerse de aprobar nuevas leyes, como lo hicieron Baja California Sur y el Estado de México.

El otro amparo del Comité busca obligar a Estados incumplidos a reformar sus leyes locales para adaptarlas al SNA, lista que incluye a Chihuahua, la Ciudad de México, Baja California, Tlaxcala y Veracruz.

También se pretende forzar a los que ya tienen sus SNA locales para que respeten las reglas de integración de los comités coordinadores, y la participación de al menos un representante ciudadano en dichas instancias.

El martes 11 de julio, una semana antes de que venciera el término para la armonización de los sistemas locales anticorrupción, el senador Héctor Yunes lamentó que “es una pena que Veracruz sea el último lugar del país cuando el presidente de la Comisión es veracruzano; el tiempo se agota y no se observa voluntad política de las autoridades del Estado, a pesar de los graves problemas que se han venido denunciando.”

“En Veracruz hemos venido escuchando de presuntos actos de corrupción; sin embargo, las autoridades poco han hecho para establecer controles y asegurar la sanción a los responsables, que es el propósito del sistema estatal anticorrupción. Nos preocupa que se trate de un doble discurso, justamente cuando el sistema busca otorgar las herramientas necesarias para prevenir la comisión de delitos vinculados a esta práctica nociva”, expuso el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana en el Senado de la República.