Se acaba de vivir un capítulo ominoso en la vida pública veracruzana con la aprobación de una reestructuración que no presenta pies ni cabeza, ni se fundamenta legal ni técnicamente.

El gobierno estatal tendrá recursos frescos para empujar las campañas de sus fórmulas y de algo participarán los partidos que junto con el PAN y el PRD aprobaron esta reestructuración. Pero nada se habló de desarrollo social, de beneficios económicos, de abatir rezagos. Nada de esto interesa al gobierno en turno.

En los Foros para la Prosperidad y la Regeneración Municipal que acaban de concluir en Tuxpan se hizo hincapié en la necesidad de que se abran mayores espacios a la aportación cívica. Se estableció como una necesidad urgente establecer un cuarto nivel de poder, aparte del federal, estatal y municipal.

Un cuarto poder en las comunidades, colonias, congregaciones, barrios, en que está dividido el territorio municipal, con atribuciones para decidir algunos aspectos fundamentales de su vida en común, incluyendo el destino del presupuesto que les corresponda.

El desarrollo económico tiene que ir de la mano del desarrollo urbano y ambiental. No se puede tener crecimiento económico acabando con nuestros recursos naturales ni concentrando todos los recursos para ser gastados por una generación en detrimento de las venideras.

Para ello se necesita gobernar con una visión de largo plazo y echar mano de los instrumentos de la planeación, abordar de manera realista los diagnósticos, las ventajas y desventajas, peligros y oportunidades que enfrenta el desarrollo municipal y establecer los objetivos de desarrollo como un gran acuerdo social que esté vigente por muchos años, que trascienda el ejercicio de varias administraciones.

La participación ciudadana no termina cuando se tiene el plan, sino que se prolonga en un ejercicio cotidiano, directo, continuo, supervisando y controlando la aplicación de los programas operativos de cada ejecución anual. Con un mayor alcance, la participación ciudadana podría incidir en detener o por lo menos desalentar la gran corrupción que se vive en nuestra entidad y en el país.

Y no veríamos el crecimiento desmedido de la deuda pública como la hemos visto en Veracruz y a nivel nacional. Ni tampoco como lo observamos en los municipios.

Tomemos el caso de Tuxpan. Según el Informe de resultados de la ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz) sobre la Cuenta Pública de 2015, durante varias administraciones se ha acumulado una deuda municipal por 276 millones de pesos, de la cual se pagó en 2015 por intereses y amortizaciones 41 millones.

En 2016 subió ese gasto a 47 millones, es decir, 10% del presupuesto total. Esta cifra es enorme, dadas las necesidades municipales; pero además, hay una todavía más difícil de pagar: la de pasivos a corto plazo, esto es, deuda contraída con proveedores de bienes y servicios, que al 31 de diciembre de 2015 era, sumando la de años anteriores y la de ese año, 162.5 millones de pesos.

Deuda bancaria y deuda a corto plazo suman 438.5 millones. Estas cifras financieras ahogan cualquier esfuerzo de planeación y racionalidad presupuestal. Gobiernos panistas y priistas que han pasado por ese municipio son los responsables de la situación actual. Y en muchos municipios la situación está igual o peor.

Mientras tanto se siguen descubriendo fosas por todos los rincones de Veracruz y el gobierno estatal sigue en la misma dinámica que el anterior, sin participar en las pesquisas ni interesado en que se esclarezca la identidad de los cuerpos sepultados.

Y los atentados a la libertad de expresión continúan cobrando vidas. Lo dicho, necesitamos con urgencia un cambio verdadero.










marco.a.medinaperez@gmail.com