El 5 de febrero pasado Andrés Manuel López Obrador presentó en Xalapa, ente una plaza Lerdo a reventar, el Acuerdo de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México.

Dicho documento fue suscrito por militantes de diversos partidos políticos, integrantes de organizaciones sociales y ciudadanos en lo particular, en el que se acuerda luchar por un cambio de régimen y hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno, todo ello a través de una vía pacífica y legal.

Grande es el propósito de dicho acuerdo. Como alternativa a los llamados de unidad hechos desde la cúpula del poder, AMLO prefiere un acuerdo con ciudadanos de diversos pensamientos y múltiples militancias, que sin dejar de pertenecer a sus orígenes partidarios o apartidistas, según sea el caso, están convencidos de la necesidad de cambiar el actual estado de cosas.

Como refrendando esta necesidad, en estos días la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados de su revisión a la Cuenta Pública de 2015 (se pueden consultar en http://asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf), en donde se ofrecen datos muy impactantes sobre el estado de la Nación en materia de manejo de los dineros públicos y de la triste situación de Veracruz.

Con año y dos meses de distancia respecto al término del ejercicio a revisar, algo que se pretende corregir en el programa anticorrupción de AMLO, la ASF reportó un posible daño al erario federal por 63 mil 442.3 millones de pesos e irregularidades por 165 mil 193.8 millones (mala administración, no necesariamente desvíos).

La primera cifra representa 5.3% de la muestra fiscalizada del presupuesto de 2015, que ascendió a 1 billón 194 mil millones del total de los casi 5 billones que se ejercieron en ese año. Las irregularidades, por su lado, representan 13.8% del total fiscalizado.

Extrapoladas estas cifras al total del presupuesto, esto es, suponiendo que se hubiera auditado ese total, podríamos suponer que se encontrarían 260 mil 214 millones de recursos desviados del total del gasto e irregularidades por 678 mil 580 millones. Cantidades que podrían ahorrarse, en un caso, y en el otro, usarse de manera correcta y eficiente.

Por eso hay mucha razón en el planteamiento de Morena y AMLO de que no se necesitaría aumentar impuestos para financiar el ambicioso programa de obra pública y derechos sociales que proponen.

Sólo dando un buen golpe a la corrupción, la impunidad y la ineficiencia administrativa, se podrían obtener esos recursos. Y recordemos que AMLO no propone reducir la corrupción, sino erradicarla.

En el caso de Veracruz el tamaño de la corrupción es más grave y oneroso. Tan sólo en 2015 el daño patrimonial, ascendió a 9 mil 717.6 millones de pesos. Pero sumado con los años anteriores, la cifra supera los 34 mil millones.

Cabe señalar que lo que la ASF auditó en 2015 sólo fueron los recursos federales asignados a las entidades federativas, sin considerar las participaciones federales. A partir de la revisión de la cuenta pública de 2016 ya se estarán auditando también éstas.

Pero haciendo un ejercicio de extrapolación similar al referido líneas arriba, encontramos lo siguiente: los recursos desviados corresponden a 18.03% de lo fiscalizado, que en total en ese año correspondieron a 53 mil 893.3 millones de pesos de aportaciones federales.

Si el presupuesto total de Veracruz en ese año fue del orden de 102 mil millones de pesos, esto hace posible suponer que los malos manejos podrían haber ascendido a 18 mil 495 millones. Y no sólo a 9 mil. En sentido contrario, de este tamaño podrían ser los ahorros en caso de que hubiera cero corrupción en nuestro estado.

Esto quiere decir que no necesitaríamos ni más deuda ni hacer una reestructuración de la misma, como la propone Yunes Linares, que en términos llanos significa dejar de pagar intereses en la actualidad (o reducirlos) y trasladarlos a las futuras administraciones.

Del informe de la ASF se desprende que los mayores desvíos en 2015 se dieron en los fondos federales aplicados a los programas de salud, seguridad pública y educación. De esta suerte, se desprendieron 21 acciones de responsabilidades administrativas sancionatorias.

De igual manera, de las auditorías practicadas a los municipios resaltan 44 promociones sancionatorias. Los que acaparan dichas sanciones son Acayucan (con 10), Coatzacoalcos (11), Poza Rica (4), Boca del Río (3) y Xalapa, Tihuatlán, Perote, Pánuco, Minatitlán, Cosoleacaque y Córdoba, con 2 cada uno. Como se observa, hay pluralidad política en la corrupción actual, pues son municipios gobernados por PRI, PAN o PRD.

La falta de transparencia y de un ejercicio honesto de la administración pública, a nivel federal, estatal y municipal, conlleva a la quiebra que observamos hoy en esos tres niveles de gobierno. Lo dicho, necesitamos con urgencia un cambio verdadero.


marco.a.medinaperez@gmail.com