En la colaboración anterior hablamos de la tesis central del nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, 2018 La Salida. Decadencia y renacimiento de México. La corrupción es el principal problema de México y ha llegado a tal punto que ésta“se ha convertido en la principal función del poder político”.

También señalamos que para López Obrador sí hay salida a este gran problema. No se trata de achicar la corrupción, sino de erradicarla. Se requiere barrer las escaleras de la corrupción de arriba para abajo.

Precisamos que esta tesis no es voluntarista, por tres razones de peso: 1) el carácter presidencialista del sistema político, que confiere a quien esté al frente del Ejecutivo poderes muy amplios para detener la corrupción; 2) los mayores actos de corrupción se dan en la pirámide del poder, por lo que quienes estén en ella pueden pararla; 3) la gran reserva moral y de principios que aflorará una vez que quienes dirijan al país asuman la honestidad como principio fundamental de gobierno.

Pero la propuesta de Andrés Manuel no se queda ahí. Para reafirmar que el comportamiento presidencial es lo primero que se debe enderezar propone una reforma constitucional para eliminar los fueros del presidente de la República, de tal manera que pueda ser juzgado también por delitos de corrupción. Esto mismo se propondrá para otros altos funcionarios públicos, incluidos gobernadores.

La participación y la agilización de mecanismos de denuncia ciudadanas acompañarán la política anticorrupción. De igual manera será obligatoria la publicación de la declaración patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal de toda la cadena de mando, desde los titulares de los poderes de la Unión “hasta el último funcionario que participa en los procesos licitatorios y de asignación de contratos de obras, adquisiciones y prestación de servicios”.

Aparte de ello, se deberá hacer una verificación total por los órganos internos de control de estas declaraciones e investigar cualquier incongruencia que se encuentre en ellas.

Otras medidas tienen que ver con las labores de la Auditoría Superior de la Federación y órganos similares, que tendrán que desarrollar sus auditorías y labores de supervisión del gasto público en tiempo real y no diferida como ocurre en la actualidad, por lo cual muchos ilícitos quedan en la impunidad.

Asimismo se proponen: sanciones a empresas y servidores públicos involucrados en incumplimientos de obras o pagos con sobrecostos; no se permitirá la participación en licitaciones o concursos de obra a empresas que tengan en su personal a exfuncionarios que hayan tenido nivel de director para arriba; la corrupción, el lavado de dinero, el conflicto de intereses o el influyentismo serán considerados delitos graves; se creará una instancia especial autónoma, en el seno del Poder Judicial de la Federación para combatir y castigar delitos de corrupción.

Para AMLO, “la honestidad es un tesoro, la riqueza enterrada. Extraerla del México profundo y revalorarla nos permitirá engrandecernos…”. Al contrario de la propaganda oficial que usó Felipe Calderón para vender nuestro petróleo, que decía: tenemos un tesoro escondido en el mar …y sólo falta ir por él…para lo cual tenemos que asociarnos…”, López Obrador descubre grandes yacimientos de honestidad en el fondo de la tradición y cultura de nuestro pueblo. Hay que ir por ellos, podría decirnos, con toda legitimidad.

Con un programa como éste los veracruzanos podríamos salir del atolladero en que nos metieron priistas, panistas y perredistas, pues todos ellos fueron los que aprobaron los presupuestos y cuentas públicas de los gobiernos anteriores.

Está hoy a debate una gran operación financiera como la reestructuración de la deuda veracruzana. Es la única salida que ven a la mano los actuales gobernantes de Veracruz. Es una salida fácil, usada ya por el gobierno federal y varios estatales. Y lo que hemos visto es que lo único que se logra es agrandar el débito y posponerlo para muchos sexenios más.

Si realmente hubiera una nueva forma de gobernar en Veracruz, se estaría tomando en cuenta el programa anticorrupción que hemos resumido. Una parte de la deuda veracruzana se podría pagar ahorrando los ahora cuantiosos recursos que se van por el caño de la corrupción.

Otra parte se podría obtener con una real política de austeridad, no con el tímido 10% de reducción de los altos sueldos de los funcionarios sino con el 50% que ha propuesto MORENA.

Una auténtica reestructuración de la deuda debería comenzar negociando con los acreedores la repartición de la carga crediticia, pues los bancos conocían perfectamente bien la insolvencia del gobierno veracruzano, que iba en aumento año con año. E igualmente debería asumir su responsabilidad el gobierno federal.

Pero de un gobierno débil como el de Yunes, comprometido con los enjuagues del poder, poco se puede esperar. Prefiere la salida fácil. Lo dicho, necesitamos con urgencia un cambio verdadero.










marco.a.medinaperez@gmail.com