Sergio Rodríguez Cortés, diputado local por el PRD, partido que en alianza con el PAN alcanzó la gubernatura y 21 curules en el Congreso Local, afirma que no es ni será sujeto de juicio político, pero además se muestra dispuesto a que se esclarezca su situación jurídica.
 El hecho es que el legislador por donde se le vea es parte de una investigación como lo confirmó el Fiscal del Estado, Jorge Winckler.
 Segúh los hechos se trata del delito de robo, los cuales quedaron asentados en la investigación número UIPJ-1/DXI/7º/2923/23016, ante el licenciado Víctor Manuel Mendoza Román, fiscal del Distrito XI, de la Unidad Integral de Procuración de Justicia número 1 de la Fiscalía General del Estado.

 El legislador está denunciado desde el año pasado y éste ahora se defiende que se trata de tintes políticos. Lo que para la impartición de justicia no cuenta pues a decir del Fiscal en algunas otras ocasiones, aquí se aplica lejos de cualquier interés o intención partidista, lo que pone en entredicho al ex alcalde de Ciudad Mendoza.
  En su defensa argumenta que  “soy el más interesado en que se esclarezca este asunto, por ello colaboraré en las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estado, porque además sé que se me acusa de algo que no es verdad”.
 Ante los medios de comunicación diría que sabe que la denuncia fue interpuesta en su contra el año pasado cuando Javier Duarte de Ochoa era gobernador y Luis Ángel Bravo Contreras fiscal general del estado. Y que se trata de cuando se construía la alianza con el PAN que a la postre llevaría al poder al gobernador, Miguel Angel Yunes Linares.
 Precisamente y en este momento, es al mandatario veracruzano al que no le conviene tener gente manchada en el sistema político. Con el antecedente de aliado como lo fue el perredista, debería poner sus barbas a remojar, ahí está el caso de Ricardo García Guzmán quien fue destronado a un paso de ser el abanderado por el PAN para la alcaldía de Pánuco, y al igual que éste fueron sendos colaboradores del duartismo.
 La otra vertiente, se afirma, es que Rodríguez Cortés se ha empezado a salir del huacal.  Podrían entonces revivirle la denuncia y proceder en su contra aunque el niegue lo contrario. Hay que recordar el tema de la reducción de la disminución de regidurías.
Sergio Rodríguez exdirector del Servicio Nacional del Empleo en la primera mitad del sexenio de Javier Duarte y promotor del voto en su campaña a gobernador en 2010, es presidente de la comisión especial para conocer la deuda pública real del estado.
La llamada Comisión Especial para la Verdad sobre la Deuda Pública del Estado de Veracruz 1998-2016  la preside al lado del panista Manuel Francisco Martínez Martínez como secretario, y los legisladores Juan Manuel de Unanue Abascal y María del Rocío Pérez Pérez, como vocales.
 En la denuncia el quejoso lo señala del robo de una camioneta Dodge tipo Charger RT modelo 2006, valorada en 200 mil pesos, de la cual se apoderó desde hace 7 años.

 Pero eso no es nada, si en verdad se le quiere fincar una responsabilidad penal tendrían que abrir los expedientes de cuando fue funcionario y revisar tanto el manejo de recursos estatales como federales que a través de la secretaría del Trabajo llegaron a esa dependencia, lo que constituye sin duda un delito de mucho mayor gravedad.

 Pero falta también saber si en dicha Comisión de la Verdad que se integró en esta Legislatura se incluye su desempeño.

MUY EN CORTO
  La agenda pública del alcalde de Boca del Río, Miguel Angel Yunes Marquez, se ha reducido a la mínima expresión, pues a lo mucho está teniendo un evento público por semana.
Cuentan sus vecinos que permanece muy poco en Palacio Municipal porque anda viajando por todo el estado en su búsqueda por convencer a los panistas para que lo apoyen en su proyecto de ser el sucesor de su padre.
 Pero también distrae mucho tiempo de su horario laboral para "palomear" candidaturas de la alianza Contigo el Cambio Sigue ya que busca los perfiles en el PAN que se comprometan con él, que le juren desde ahora amor eterno.
 No conforme con eso ahora también promueve la cultura del endeudamiento porque en esos encuentros con los alcaldes, según las versiones, los incita a pedir préstamos y por consiguiente dejar en el adeudo histórico a próximas administraciones.
 Su argumento es que la administración estatal ya no pagará los recursos que Javier Duarte De Ochoa desvió y que eran partidas que le correspondían a los ayuntamientos.
 Pone como ejemplo su caso en donde solicitó una línea de crédito de hasta 150 millones de pesos, pero lo que no les dice a sus homólogos es que el gobierno estatal va a tener recursos frescos con la famosa reestructuración de la deuda pública.