Es la hora que tanto en la Fiscalía del Estado se rasgan las vestiduras por presentar denuncias y anunciar que serán enjuiciados diversos funcionarios de la administración estatal que fenece, mientras que la Procuraduría General de la República ha hecho lo propio con otros ex funcionarios municipales y federales por delitos electorales.

Otra dependencia que se da golpes de pecho en el sentido de que se va a sancionar funcionarios y hasta inició deshabilitaciones como el caso del diputado federal, Tarek Abdalá, es la Contraloría General a cargo de Ricardo García Guzmán, pero también llama la atención que se traten de acciones de última hora. Aunque este pudiera ser otro boleto que conlleva más a la traición.

Si existen fundamentos para proceder la pregunta básica es por qué no se hicieron en los tiempos legales marcados o se esperó a que procedieran en contra del gobernador con licencia, Javier Duarte tras una decisión del Sistema, para seguir el mismo camino. Las versiones indican que se trata simplemente de maniobras meramente políticas, lo que no exime responsabilidad de los señalados llámese Arturo Bermúdez Zurita, Gabriel de Antes, entre otros.

En el caso de la PGR se habla de un expediente que tiene tres años que fue iniciado y es el momento en el que lo han desempolvado y derivó con la detención del ex alcalde interino de Boca del Río, Anselmo Estandía Colon, el ex director de Gobernación del mismo municipio, Felipe Sosa, a la vez ex funcionario de Sedesol, junto con Graciela Tejeda Martínez.

Tres años después de las denuncias de Acción Nacional con las famosas grabaciones que involucran también al fidelista, el entonces delegado de Sedesol, Ranulfo Márquez. Por lo que es muy extraño que la justicia empiece a hacer efectivos los procesos legales cuando ha pasado tanto tiempo, por cierto ya hasta parece tenían preparado la salida con libertad bajo fianza este domingo.

La pantalla política puede darse por dos razones.

Una, es la presión que, desde la cúpula nacional, ejerce el PRI como parte de la cruzada contra la corrupción para asear la deteriorada imagen de ese partido, y fue Veracruz la mesa puesta para enarbolar la banderita que enarbola el tricolor en ese sentido, una vez que vio los descalabros y el repudio de la gente. Lo que para el dirigente, Enrique Ochoa Reza, es el experimento a modo.

Y la segunda, la presión que está ejerciendo Miguel Ángel Yunes a fin de no quedar mal con sus electores pues el ofrecimiento fue encarcelar a “Javier Duarte y a su pandilla” por lo que de no lograrse en los próximos días y al empezar a correr su gestión se irá diluyendo la promesa.

La ventaja para el panista es que tiene dos años para encarcelarlos lo que podría hacer que redimiera su dicho para entregarle a los veracruzanos cuentas de lo que pregonó en campaña.

Lo que pocos han visto es que de proceder como lo pretende Yunes Linares tendrá un compromiso inapelable en su gobierno de que las cosas se hagan bien. Pues del discurso tendrá que pasar a los hechos. Ya no será solo demagogia pura, sino tendrán que pagarse los salarios, prestaciones, adeudos, trabajos y no caer en la misma situación que su antecesor.

La lupa estará encima de los colaboradores integrantes del gabinete a partir del 1 de diciembre. La probidad y honestidad de los integrantes del mismo tendrá que estar fuera de toda sospecha. Pues como dicen los priistas, “no es lo mismo ser borracho que el cantinero”.

Por cierto, quien no hizo a un lado su relación con el ex alcalde detenido, y presidente del patronato de El Acuario de Veracruz, Anselmo Estandía, fue el padre de la Catedral, Víctor Díaz Mendoza. Y es que en su momento como titular del Patronato para el rescate del inmueble religioso, su esposa fue la presidenta y quien hizo un importante papel para lograr dicho objetivo.

Este domingo Díaz admitió que es amigo personal del matrimonio y que en cuanto supieron de su detención elevó oraciones por la familia.

La justicia ha llegado tarde, sean o no culpables los implicados, pareciera que como en este sistema, esto depende de las circunstancias políticas y no de una verdadera aplicación de la Justicia.

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