Lamentable descomposición de la CNDH en nuestro país

@magzamu

Es sombrío el papel que hoy en día juega la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por supuesto las Comisiones de los estados, muchas de ellas en calidad de murallas, donde los ciudadanos en lugar de respaldo, reciben menosprecio por sus solicitudes y peticiones de apoyo.

La mayoría de las quejas de pobladores recaen en un acuerdo de no responsabilidad que significa que, al concluir la investigación de la queja, se demuestra “la NO existencia de violaciones” a Derechos Humanos, o de no haberse acreditado éstas de manera fehaciente.

Los acuerdos de no responsabilidad –que proceden en la mayoría de las quejas interpuestas por los ciudadanos- son notificados de inmediato a los quejosos y a las autoridades o servidores públicos involucrados y se publican en la Gaceta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Y es que precisamente ayer, el tema sobre el actuar de la comisión regresó a mi memoria cuando leí algunas notas periodísticas respecto a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) declinó investigar los asesinatos de la activista Nadia Vera, del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, de Yesenia Quiroz, Olivia Alejandra Negrete Avilés y la ciudadana colombiana Mile Virginia Martínez, como una violación grave a los Derechos Humanos y así evitar el involucramiento de las autoridades.

Y entonces familiares y asesores jurídicos de las victimas señalaron que no se quedarían de brazos cruzados permitiendo que los hechos que propiciaron la muerte de los señalados se quedara como un simple robo; la abogada de la familia de Nadia, Karla Michel Salas, denunció que el hecho de que las autoridades del Distrito Federal viajaran a la entidad veracruzana para entrevistarse con Javier Duarte, muestra que el tema se está tratando y llevando “solamente como un juego político”.

Lo anterior, es solo una muestra, de lo que ocurre con la CNDH y sí lo enfocamos a hechos ocurridos en el estado de Veracruz, donde la Comisión ha sido omisa, nos faltaría tiempo, pues son muchas las quejas sobre la inacción de ésta y el ejemplo claro de la incompetencia está en su representante en el estado, Fernando Perera Escamilla, quien actúa como un empleado más del poder ejecutivo del estado.

Todo lo anterior resulta lamentable y significa un retroceso puesto que la protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a rango constitucional el 28 de enero de 1992, con la publicación del Decreto que adicionó el apartado B al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual significó un gran logró que costo no solo discusiones sino vidas y que hoy se arroja al olvido.

Y es que con dicho reconocimiento, se facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de Derechos Humanos, por parte de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes.

Fue el 13 de septiembre de 1999 cuando se reformó el artículo 102, apartado B constitucional, en el cual se señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. El objetivo esencial de este organismo se dice, es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos por el orden jurídico mexicano.

Para cumplir con los objetivos citados la Comisión Nacional tiene como atribuciones: recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos; conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos, así como proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

Pero todo lo anterior se desmorona cuando se observan actuaciones y determinaciones que corresponden más a estrategias políticas, que al verdadero interés de velar porque las autoridades cumplan con la determinación constitucional que permita el verdadero respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. ¡Así las cosas en nuestro país!