@magzamu

El tema sigue dando de hablar y es que no es para menos, pues el ejercicio del periodismo se coloca en riesgo con los hechos recientes donde comunicadores han perdido la vida de manera violenta y el más reciente ocurrido en la ciudad de México y que por razones por demás conocidas, involucra al estado de Veracruz y que hoy resuena a nivel internacional.
Precisamente ayer, el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Procuraduría General de la República (PGR), un informe detallado de qué están haciendo los organismos que se han creado para la defensa y protección de los periodistas en el país, obvio esa solicitud también significa la rendición de lo que se hacen en la entidad, labor que ha sido sumamente cuestionada.
A través de un punto de acuerdo, dio a conocer que en el marco de los homicidios de periodistas que se han perpetrado en México es importante saber qué mecanismo de protección para personas defensoras de los Derechos Humanos y periodistas, está implementado la Secretaría de Gobernación.
“Envíe, en un plazo no mayor de 15 días, un informe pormenorizado relativo a las acciones que ha desarrollado en el último año para garantizar la integridad física y profesional de periodistas así como información relativa, específicamente, al caso de Rubén Espinoza Becerril”.
Y así Alonso Raya juntó con el diputado Fernando Belaunzarán, precisa que pidieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, ejerza sus facultades de atracción de las investigaciones que realiza, actualmente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a través de la Fiscalía Central para la Atención del Delito de Homicidio, en el caso de Rubén Espinoza Becerril.
De esta manera, ambos exhortaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), inicie de oficio, por las posibles violaciones a los derechos humanos que pudieran haberse cometido en contra de Rubén Espinoza Becerril y las cuatro mujeres asesinadas, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
“Se demandó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Secretaría de Gobernación, para que auxilien a las víctimas indirectas de estos homicidios”.
Durante la homilía dominical se pidió a los feligreses orar por los periodistas que en el ejercicio de la labor informativa han perdido la vida.
Ayer mismo, en la catedral metropolitana, el cardenal Norberto Rivera pidió orar por los periodistas que han perdido la vida en "la búsqueda de la verdad; por los periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos y todos los que en el ejercicio de la labor informativa han perdido la vida en la búsqueda de la verdad para que Cristo, el comunicador por excelencia los reciba en su reino y gocen de la paz eterna", lo anterior durante la lectura de las oraciones.
Y bueno en el mismo tema de protección a los periodistas, la CNDH en un papel imprudente, politizo el tema, al señalar que ante la posibilidad de que puedan ocurrir hechos de difícil o imposible reparación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Tabasco la implementación de medidas cautelares en favor de los periodistas y fotoreporteros que, como parte de su desempeño profesional, cubren las manifestaciones, especialmente las del gremio magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El organismo nacional dijo que la responsabilidad del Estado de garantizar la libertad de expresión de los periodistas y comunicadores, “ya que toda acción tendiente a coartarla o inhibirla afecta a la sociedad en su derecho a estar informada, así como al ejercicio democrático de nuestro país”.
La medida adoptada en favor de los comunicadores de la entidad, se deriva de la expresión manifiesta de algunos integrantes de la Coordinadora, quienes el viernes pasado, según noticias publicadas, “agredieron, amenazaron de muerte y denostaron a reporteros” que cubrían una protesta de la CNTE en la ciudad de Villahermosa.
La CNDH expresó, en un comunicado, su respeto a toda expresión social, incluyendo marchas y manifestaciones, las cuales, subrayó, “deben efectuarse dentro del marco de la ley”. Pero lo que realmente la Comisión debería de ser, es mostrarse incluyente y jalar parejo al respecto y no solo emitir y exhortar cuando se trate de organismos autónomos u organizaciones, sino también del propio gobierno, cosa que ocurre y para ejemplos claros Veracruz donde la Comisión pareciera una dependencia más del poder ejecutivo.