Luego de la segunda visita consecutiva de Miguel Ángel Osorio Chong en dos meses –la anterior fue el 6 de noviem¬bre de 2013 con motivo de la Reunión Regional de Seguridad Zona Sureste, en la que destacó los avances que en esta materia ha logrado Veracruz en los últimos tres años, lo cual, dijo, no es resultado de la casualidad sino de un gobernador comprometido con su estado, que trabaja en coordinación con las instituciones del gobierno fe¬deral–, algunos se preguntan de dónde le habrá salido su repentino afecto por Javier Duarte de Ochoa, después de que en pleno proceso electoral local del año pasado, tras la crisis que detonó el llamado “Boca-gate” que obligó al presidente Enrique Peña Nieto a fir¬mar un adéndum con los dirigentes nacionales del PAN y PRD para salvar el Pacto por México, el secretario de Gobernación habría sido uno de los que supuestamente sugirieron la sali¬da del mandatario priista veracruza¬no, a quien presuntamente buscaron acomodar en la Procuraduría Federal del Consumidor para sustituir al mexi¬quense Humberto Benítez Treviño, quien renunció el 15 de mayo por el escándalo de su hija motejada en las redes sociales como “Lady Profeco”.
No hay que ser adivino para supo¬ner que ante la complicada situación que actualmente se vive en Michoacán, el segundo hombre fuerte del gabinete del presidente Peña –a quien aspira suceder en 2018– ha tenido que venir a Veracruz para demostrar que sí se puede, ya que en este primer año de la nueva administración federal, entida¬des como la nuestra han podido supe¬rar notablemente los graves problemas de inseguridad mediante la efectiva coordinación de las autoridades es-tatales con la Federación.
Y es que Osorio Chong sabe que Michoacán puede ser el “Waterloo” no sólo para sus aspiraciones presiden¬ciales sino hasta para sostenerse como titular de la Segob. El exgobernador de Hidalgo, obviamente, no quiere correr la misma suerte de otros priistas que le antecedieron en el mismo cargo como Patrocinio González Garrido, quien tuvo que renunciar una semana des¬pués del levantamiento en Chiapas en enero de 1994, o como su actual com¬pañero de gabinete Emilio Chuayffet Chemor, titular de la SEP –con el cual, por cierto, trae fuertes diferencias por los acuerdos discrecionales que han hecho en Bucareli con los maestros disidentes de la CNTE que rechazan la reforma educativa–, quien a raíz de la matanza de Acteal fue destituido de Gobernación el 3 de enero de 1998 por Ernesto Zedillo, el último presidente de la república salido del PRI .
La entidad purépecha se le está in¬digestando al secretario de Goberna¬ción. El pasado lunes 13, un día antes de que apadrinara a 883 graduados en el Nuevo Modelo Policial que egre¬saron de la Academia de Policía de El Lencero, Osorio Chong acudió a Mo¬relia para poner en marcha el Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán, que entre otras estrategias considera el desarme inmediato de los grupos de autodefensa y la aplicación de 250 millones de pesos dizque para restablecer el “tejido social en el es¬tado”.
Pero dos días después Antonio Soto Sánchez y Julio Santoyo Guerrero, re¬presentantes de Poder Ciudadano de Michoacán, demandaron la renuncia de Osorio pues dijeron que se ha visto incompetente para resolver los pro¬blemas de inseguridad en Michoacán.
Expresaron su preocupación por¬que adujeron que el titular de la Segob sólo está dando respuestas cortas y frí¬volas a un problema crónico y complejo del “Estado Fallido”.
“A 48 horas (de la firma del Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán) ha quedado exhibida la ausencia de una estrategia eficaz y consensuada para el desarme de las autodefensas, dejando como saldo lamentable de ésta, la muerte de dos civiles.
También es evidente la ausencia de una política de acercamiento con las poblaciones afectadas para operar con certidumbre la entrega del control te¬rritorial en manos de los autodefensas al gobierno federal”, determinaron.
Por su parte, Cristóbal Arias Solís, secretario de Gobierno en la admi¬nistración de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y dos veces candidato del PRD a la gubernatura (1992 y 1995), expuso que los 250 millones de pesos anunciados por Osorio para restable¬cer el “tejido social” únicamente refleja su desconocimiento de la magnitud del problema en esa entidad, debido a que no hay certeza definitiva de la honradez de los alcaldes, funcionarios del estado, ni tampoco de la policía, por lo que temen que esos recursos caigan en manos del crimen organizado.
El exdiputado federal perredista consideró de vital importancia revisar uno a uno los actores políticos, quienes en su mayoría han sido señalados por tener vínculos con grupos criminales desde las pasadas elecciones.
El colmo ha sido la creación de la Comisión para la Seguridad y Desarro¬llo Integral del Estado de Michoacán, un organismo desconcentrado de la Segob cuyo titular será Alfredo Castillo Cervantes, el cual ejercerá facultades literalmente plenipotenciarias con las que de hecho suplantará al gobernador Fausto Vallejo.
Castillo, quien desde mayo de 2013 estaba a cargo de la Profeco, es uno de los hombres más cercanos a Peña Nie¬to. En 2010, como procurador general de Justicia del Estado de México, se en¬cargó de cerrar la investigación sobre el polémico caso de la desaparición y muerte de la niña Paulette Gebara Fa¬rah, cuyo cadáver hallaron a un lado de su cama hasta nueve días después. En diciembre de 2012 fue designado en la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, donde le tocó llevar la investi¬gación de la sospechosa explosión en la Torre de Pemex y luego la acusación judicial contra Elba Esther Gordillo, un caso jurídicamente muy endeble.
Ahora lo mandan a Michoacán y deja la Procuraduría Federal del Con¬sumidor, que en los ocho meses bajo su administración se convirtió práctica¬mente en la cueva de Alí Babá, llena de exfuncionarios de la PGR, sin perfil y corruptos que hostigan, amenazan y agreden verbalmente, como Carlos Alberto Esparza Vázquez, director de Planeación, Capacitación y Desarrollo de las Delegaciones, según denunció públicamente este martes 14 el eco¬nomista tuxpeño Inocencio Yáñez Vicencio, quien por esa causa decidió renunciar como delegado de la Profeco en Veracruz, cargo en el que apenas estaba por cumplir un año.