Uno por su largo y retorcido colmillo político y otro por la novatez de su debut en el Congreso local, pero tanto el combativo legislador del PAN Julen Rementería como el representante de Alternativa Veracruzana, Francisco Garrido Sánchez, se vieron muy “acelerados” con motivo del Informe de la Cuenta Pública Consolidada del Ejercicio Fiscal de 2012 que el Órgano de Fiscalización Superior turnó a la Comisión de Vigilancia de la LXIII Legislatura local tras practicar a los 365 entes fiscalizables 1,020 auditorías integrales, 793 auditorías legales y financieras-presupuestales, y 227 auditorías técnicas a la obra pública.
Y es que el coordinador del grupo legislativo de Acción Nacional no sólo propinó tremendo “descontón” al auditor general del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla, sino también al diputado Garrido dizque porque ambos les estaban “ocultando” la información a los diputados del PAN, mientras que el legislador de AVE se apresuró a verter afirmaciones de manera personal sobre los resultados arrojados por el ente fiscalizador, no obstante que todavía falta la valoración y determinación de las cuentas públicas por parte de la Comisión de Vigilancia y del pleno del Congreso del estado, tal y como lo previenen los artículos 33 fracciones XXIX y XXXII y 67 fracción III de la Constitución Política del Estado, y los numerales 38, 39 y 40 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.
Pero todavía después de que el pleno del Congreso local emita su aprobación, el ORFIS deberá iniciar la fase de determinación de responsabilidades y financiamiento de indemnizaciones y sanciones en contra de los servidores o exservidores públicos que se consideren presuntos responsables de la causa de un daño patrimonial, según se estipula en los artículos 41 y 42 de la Ley de Fiscalización Superior.
Esta segunda fase del procedimiento de fiscalización superior prevé que el ORFIS cite a los servidores o exservidores públicos responsables a una audiencia de pruebas y alegatos, en la cual éstos podrán presentar todos los argumentos y defensas que estimen pertinentes para desvirtuar la presunta existencia del daño patrimonial que se les atribuye.
Hasta entonces el ORFIS estará legalmente obligado a analizar y valorar todos los argumentos y pruebas ofrecidas por los presuntos responsables a efecto de emitir una resolución en la que podrá confirmar la existencia de un daño patrimonial o determinar la solventación de las observaciones finalizando el procedimiento de fiscalización correspondiente.
Así, pues, sólo hasta que concluya esta segunda fase del procedimiento el ORFIS resolverá en definitiva la existencia o inexistencia de un daño patrimonial a la hacienda pública del estado o municipios y determinará, en su caso, quién o quienes son los responsables del quebranto.
Pero también es conveniente precisar que la existencia de ciertas observaciones presuntamente constitutivas de un daño patrimonial tampoco desvirtúan la legalidad de la gestión financiera del gobierno del estado tal como lo han pretendido establecer a priori el legislador del partido blanquiazul, ya que sólo se refiere a la posible actuación indebida de ciertos servidores o exservidores públicos que ejercieron los montos que se están observando, mas no descalifica la actuación integral del Poder Ejecutivo del estado.
Por ello, este miércoles 8, al conocer los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2012 que el ORFIS turnó a la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXIII Legislatura, la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa emitió un comunicado en el que reafirmó que “la transparencia y el ejercicio honesto de los recursos públicos son ejes fundamentales de la administración pública en Veracruz”, reiterando que “en el manejo de los recursos del pueblo se debe actuar siempre apegado a la legalidad” y advirtiendo que en la entidad “no hay cabida para la corrupción ni para los malos manejos de las finanzas públicas, por lo que todo aquél que incurra en una acción contraria a estos principios, deberá ser sancionado de acuerdo a lo que la ley establece”.
En su comunicado, el gobierno de Duarte de Ochoa puntualizó que en el caso del Poder Ejecutivo las observaciones se hicieron a la extinta Secretaría de Comunicaciones (hoy Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas), y al Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz, y refirió que de acuerdo a la norma, una vez que el Congreso dictamine este informe, se contará con un lapso de 20 días hábiles para solventar las observaciones.
En el caso de los Fideicomisos de Administración y Construcción del Túnel sumergido de Coatzacoalcos, se recordó que la obra es realizada con una mezcla de fondos públicos y privados, por lo que dichos recursos no son administrados por el gobierno estatal. Este mismo esquema también procede en el caso de los Institutos Tecnológicos Superiores de Alamo-Temapache, Cosamaloapan, Pánuco y San Andrés Tuxtla que igualmente han sido observadas.
En el resto de los casos, el ORFIS determinó observaciones por más de 125 millones de pesos en el ejercicio de 38 ayuntamientos, de los cuales 24 son del PAN, lo que el diputado Rementería descalificó al asegurar que se trata de una “cuestión política”.
Sin embargo, el panista no tuvo empacho en remarcar que de los más de 409 millones de pesos del presunto daño patrimonial, el 78.5 por ciento sólo es del gobierno del estado, cuando legalmente aún faltan otras fases determinantes del proceso por desahogar.