Al gobernador Javier Duarte de Ochoa le asiste la razón cuando precisa que la inconformidad magisterial radica en un tema de competencia federal y es que a él como titular del poder ejecutivo de Veracruz, le corresponde solo la adecuación de las leyes locales al marco federal, no sin antes escuchar a los gobernados, en este caso a los maestros, como lo establece la Constitución Policía de nuestro País y como ha sido el compromiso del gobierno de la entidad.
El pasado jueves 17 de octubre, el mandatario veracruzano se reunió con algunos comunicadores, con quienes diálogos sobre la agenda y acciones del gobierno y obvio no pudo faltar el tema de su tercer informe de labores, donde expuso sobre la presentación de las adecuaciones a las leyes secundarias en materia educativa, lo que él llama “tropicalización o armonización”.
Tal vez en lo que se equivoca Duarte de Ochoa es en no reconocer a la base magisterial, y sí a los líderes sindicales de mayor presencia en la entidad, como es el SNTE, porque un gobernante lo es para todos sus habitantes, teniendo la obligación de escucharlos por igual y no a unos cuantos, de ahí que precise que los movimientos no reconocidos fueron enviados al congreso y de paso refutó la declaración del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chog, quien pidió a cada estado resolver los conflictos magisteriales en su territorio.
“La definición de la federación de que cada gobierno estatal debía resolver el conflicto magisterial no siendo nuestro, obligó a diseñar una estrategia en donde las centrales sindicales, digamos formales, las atendería gobierno y las no reconocidas, como la CNTE y movimientos magisteriales surgidos al calor de la protesta, el Congreso del Estado al que convoqué”. “El de los maestros no era nuestro problema. Era y es un tema federal, y nuestro diálogo es en todo caso como coadyuvantes y con el SNTE no con la CNTE, que ni siquiera existe en Veracruz o con grupos radicalizados surgidos al calor de la protesta, pero el dilema para mí era ¿cómo hacerle ante tales rebases?”.
Así puntualiza el gobernador a Edgar Hernández en una destacada entrevista al término de la convivencia de aquel 17 de octubre; Duarte sin duda se muestra más duro, más firme, pero notablemente confundido o bien mal informado por su equipo de colaboradores, al justificar lo ocurrido la madrugada del pasado 14 de septiembre y llamarlo desalojo sin violencia, no sin antes responsabilizar a las redes del crecimiento del movimiento magisterial en la entidad.
Recordemos que los propios reporteros ahí presentes, relataron, acompañados de Jorge Morales, integrante de la Comisión de Protección a Periodistas, las agresiones que sufrieron por parte de los policías en el desalojo violento, al igual que los videos y testimonios, de quienes vivieron la persecución, insultos y arrebatos de elementos policiacos; no muy lejano está el caso de otro reportero que también fue golpeado por los citados elementos.
Lo mismo ocurrió con maestros y alumnos de la universidad veracruzana, un desalojo que fue considerado por organismos internacionales como un error y una arbitrariedad, ya que los maestros se manifestaban pacíficamente y sin afectar los derechos de terceros al ubicarse en la plaza Lerdo; si bien el grito de independencia se pudo llevar a cabo con su presencia, finalmente era una fiesta para el pueblo, como lo establece la ley suprema en nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos que a la letra señala en su artículo sexto:
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”
Sin duda, con lo ocurrido la imagen de la policía estatal se vio afectada, de ahí que sin reconocerlo en su totalidad, el gobierno se vio obligado a lanzar una campaña, llamada SEMANA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, que culminó este domingo, para mostrar una policía honesta y confiable, conviviendo así con niños, jóvenes, participando en desfiles, juegos y diversas actividades; lo anterior con la finalidad de revertir la desconfianza ciudadana existentes con motivo de los últimos acontecimientos.
Por cierto que en la citada entrevista el gobernador desacredito lo circulado en medios de comunicación y redes, en el sentido de que los padres, maestros y directivos de las escuelas pagarán los servicios y llamó versiones insanas el hecho de que los padres pagarían la luz, como la propia subsecretaria de Educación, Xochilt Adela Osorio lo conformó. Mientras tanto Adolfo Mota se comprometió con maestros a que hoy arrancará las mesas de diálogo para la adecuación de las leyes locales en la entidad.