Debido al maremágnum informativo desatado por el candente proceso electoral local, pocos han reparado en la reciente liberación de tres generales, un teniente coronel y un mayor del Ejército Mexicano, los cuales fueron detenidos en la víspera de la elección presidencial de 2012 acusados falsamente de tener vínculos con el crimen organizado.
Y es que al menos el caso de uno de estos militares injustamente procesados estuvo a punto de provocar fuertes implicaciones políticas y penales hacia altos personajes del gobierno del estado de Veracruz.
En su última edición semanal, la número 1914 que comenzó a circular este domingo 7, la revista Proceso publica un interesante reportaje firmado por la periodista Anabel Hernández, el cual basado en el testimonio de los propios militares exonerados, asegura que el expresidente Felipe Calderón no solo quiso implicar al excandidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico sino también al gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y al secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, a quien no mencionan por su nombre.
El texto de la reportera, autora también del libro “México en llamas”, expone que durante las campañas electorales del año pasado el entonces presidente Calderón –en la debacle de su gobierno– quiso que la Procuraduría General de la República inventara cargos de narcotráfico y crimen organizado contra López Obrador, su contendiente en la elecciones de 2006 y quien competía también en 2012.
“Para lograrlo intentó que uno de los mandos del Ejército –falsamente acusados de tener vínculos con el narcotráfico– lo acusara”, refiere la reportera, quien el sexenio pasado denunció públicamente al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, de haberle puesto precio a su cabeza.
“Hasta ahora se ha conocido solo una parte del caso de estos militares –el general de división y exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare; el general de división Ricardo Escorcia Vargas; los generales de brigada Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez; el teniente coronel Silvio Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz– a quienes la PGR fabricó cargos de complicidad con la delincuencia organizada en el sexenio pasado.
“Y solo ahora –con la exoneración de los seis acusados en lo que atañe a este delito– el caso muestra su lado más negro.
“De acuerdo con información obtenida y corroborada con fuentes cercanas al proceso, el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto (detenido desde mayo de 2012) fue amenazado por un funcionario de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada para que acusara de vínculos con el narcotráfico a políticos de la oposición. Los señalamientos debían dirigirse contra el entonces candidato López Obrador –quien en las encuestas de preferencia electoral aparecía en la segunda posición, por arriba del PAN– y contra el PRD.
“También le exigieron declarar contra el actual gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, y el secretario de Seguridad Pública del estado. Debía acusarlos de nexos con la delincuencia organizada.
“Para la PGR, Hernández Soto era útil para una cosa y otra. En 2006 fue escolta en la campaña presidencial de López Obrador; en 2011 era director de la Agencia Veracruzana de Investigaciones. Si aceptaba declarar, aunque fueran hechos falsos, su dicho sería creíble para la opinión pública por la supuesta cercanía que había tenido con López Obrador y con el gobernador Duarte.
“Primero se le ofreció acogerse al programa de testigos protegidos, lo que también implicaba que lo ‘apoyarían’ en la causa penal que se le abrió por presuntos vínculos con el crimen organizado. Luego se le amenazó con ‘la pérdida’ de su familia.
“Hernández Soto se negó y como a los otros militares coacusados, se le dictó el auto de formal prisión. A todos se les envío al penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde tuvieron un recibimiento brutal.”
Según la versión recogida por la reportera del semanario Proceso, todo ocurrió en junio de 2012, a unos días de la jornada electoral del 1 de julio. “Hernández Soto tenía casi un mes de haber sido detenido por personal de la Procuraduría de Justicia Militar, que desempeñó un papel importante en la consignación de los seis militares. A él se le acusaba de trabajar –a partir de septiembre de 2006– con la delincuencia organizada.
“Decidió integrarse al cártel de los Beltrán Leyva’, afirmaba la PGR en la causa penal 44/2012, que llegó a su fin el viernes 5 a la 1:40 de la madrugada, con el reconocimiento de la PGR de no haber acreditado ninguna de las acusaciones en su contra.
“Fue trasladado del Centro Federal de Arraigo a la SIEDO en la Ciudad de México, donde fue entregado a un agente del Ministerio Público federal. El propósito era ofrecerle un trato, de acuerdo con información corroborada por diversas fuentes. Le propusieron que ayudara a la PGR a fabricar algunos expedientes contra la oposición a cambio de integrarlo al programa de testigos protegidos, al mismo nivel que Roberto López Nájera, conocido como Jennifer: el testigo que con declaraciones falsas había provocado su detención.
“El agente del MP quería que acusara al secretario de Seguridad Pública de Veracruz y al gobernador Javier Duarte de tener vínculos con el narcotráfico. Le dijeron que le hacían ese ofrecimiento solo porque era policía federal, ya que cuando fue detenido –el 18 de mayo de 2012– estaba adscrito a la División de Fuerzas Federales. El teniente coronel se negó.
“Entonces comenzaron las amenazas. Se le advirtió que si no cooperaba iba a ‘perder’ familia, trabajo y libertad.
“Le volvieron a ofrecer ‘ayuda’: Si aceptaba ser testigo protegido tendría muchos beneficios. A cambio, Hernández Soto solo debía ayudar a la PGR a incriminar a políticos de oposición. Ahora le ampliaron la exigencia: debía lanzarse contra integrantes del PRD, comenzando con López Obrador. Volvió a negarse.
“Después de fracasar en el intento lo regresaron al Centro de Arraigo. El 1 de agosto los seis militares fueron trasladados al penal federal de El Altiplano, donde les dieron “la bienvenida”, relata la periodista, quien describe que durante días fueron encerrados en celdas de castigo herméticas, sin sanitarios, por lo que comían con las manos y dormían entre la inmundicia. “Nos desnudaron, nos golpearon y nos hicieron cosas tan terribles que es mejor ni siquiera mencionarlas”, refiere la reportera que contó uno de los militares a sus familiares, cuya versión fue corroborada por otros dos de los excarcelados.
La pesadilla que duró 13 meses y medio, terminó a la 1:40 de la madrugada del viernes 5, luego de que cuatro días antes, el lunes 1, se dictó el cierre de instrucción de la causa penal. La defensa y la parte acusadora –la PGR– debían presentar sus conclusiones. El miércoles 3, la Procuraduría envió el oficio de correspondencia interna 8897, en el que presentaba conclusiones “no acusatorias” contra los cinco militares que permanecían en prisión. La PGR admitía que nunca pudo comprobar ni una sola de las imputaciones hechas en el sexenio pasado contra los militares. El juez ordenó sobreseer la causa penal y se decretó la absoluta e inmediata libertad de los acusados.
¿Ahora se entiende la magnitud de las presiones que el gobernador Javier Duarte tuvo que resistir del presidencialismo autoritario que encarnó Calderón? ¿Tendrán alguna vinculación con este caso la cadena de periodistas muertos en Veracruz, la cual inició en junio de 2011 con el homicidio de Miguel Ángel López Velasco (“Milo Vela”) cuando casualmente aparecieron en la conurbación porteña los llamados “Matazetas”, y que según denuncia el diputado federal del PT, Ricardo Monreal, en su libro “Escuadrones de la muerte en México”, de reciente aparición, bien podría tratarse de uno de los grupos paramilitares que con la autorización de los altos mandos castrenses actuaban y se les entrenaba clandestinamente en un rancho de la Huasteca veracruzana, por la región de Álamo?
¿Ello explicaría también cómo fue que inexplicablemente en septiembre de 2011, dos camionetas estaquitas trasladaran a media tarde 35 cadáveres de presuntos Zetas que fueron arrojados en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, de Boca del Río, violando el cerco de seguridad que elementos del Ejército y de la Marina Armada de México habían montado en esa zona hotelera en la que al día siguiente se llevaría a cabo la Reunión Nacional de Procuradores que sería presidida por la titular de la PGR, Marisela Morales, quien armó con falsedades la averiguación previa contra Hernández Soto y los otros cinco militares incómodos?
Por cierto, al momento de su detención, en mayo de 2012, el teniente coronel ya no era director de la AVI sino subsecretario B de Seguridad Pública del estado, con sede en Boca del Río, donde ocho meses antes debió percatarse de cómo pretendieron desestabilizar al gobierno del priista Javier Duarte con el tétrico espectáculo de los cadáveres esparcidos a los pies del simbólico monumento de los Voladores de Papantla.
Calderón no pudo implicar a López Obrador ni a Duarte de Ochoa con el narcotráfico como pretendía, y tampoco pudo imponer en la Presidencia de la República a su candidata Josefina Vázquez Mota, aunque entre los pocos estados que ganó la panista uno de ellos fue coincidentemente Veracruz, donde apenas sacó una mínima diferencia de mil votos a Enrique Peña Nieto, del PRI, partido que en 2006 se desplomó hasta el tercer lugar de la votación.