Protección a delincuentes
La suprema Corte de Justicia de la Nación tiene como función prioritaria que exista equidad y equilibrio en la impartición de justicia, aunado a que se castigue aquellos que violen las leyes de acuerdo a las norma jurídicas establecidas en nuestra Constitución, pero en ningún caso puede dictar algún procedimiento donde se proteja a los delincuentes y al parecer por sus últimas determinaciones que prohíben dar a conocer las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, resulta absurdo e incongruente con su tarea justiciera custodiar a contaminados y deshonestos servidores públicos, cuando es bien sabido que ellos manejan y comercian los recursos públicos. La Constitución protege la privacidad en asuntos privados de los servidores como son los datos personales, pero en el caso del manejo de dinero de los impuestos que le pertenecen al pueblo, es cuestionable esta defensa como un escudo legal para seguir salvaguardando las habituales pillerías de la alta burocracia.
Lo que ya se sabe de los exgobernadores como Andrés Granier, Humberto Moreira, Ulises Ruiz, Luis Armando Reynoso Femat y de esa lista interminable de los “Ex” que se estima que casi nadie se salva, quienes de manera escandalosa derrocharon recursos comprando residencias, aviones, yates y se han dado toda una vida de lujos, durante y después de su administraciones. Es preocupante pensar que la SCJN los ampara y acredite su degradante corrupción.
No sólo figuran los exgobernadores y sus familias, sino los miembros de sus gabinetes como ha trascendido en las escasas y raras detenciones de estos funcionarios estatales. Lo extraño de todo este asunto es que los nuevos gobernadores que han presentado las denuncias pertenecen a un partido político diferente a su antecesor, lo que implica es que existe un sucio encubrimiento y complicidad, aunado a la desatinada e incomprensible disposición de la SCJN de prohibir que se conozcan estos robos de los recursos públicos. Ya que resulta inexplicable las rápidas trasformaciones de modestos burócratas hasta competidores en fortunas de jeques árabes.


Televisa metido en Medellín.
En la disputa por la alcaldía del municipio de Medellín sigue siendo el empresario Luis Barquín el que decide quien es el candidato del PRI y mueve sus influencias para que el elegido cuente con los recursos oficiales y la compra de votos para obtener el triunfo. En esta ocasión escogió a un cantante Cipriano Hernández ganador del concurso por televisión “Cantando por un Sueño” sin importar si tiene algún conocimiento sobre administración pública. Lo interesante es que las futuras obras del ayuntamiento tengan la exclusiva de la constructora de los señores Barquín. El plan “B” del gobierno es el panista Omar Cruz Reyes, que dicen que no pertenece al clan de Yunes y por ello merece el apoyo oficial si falla el cantante. Rafael Fuster del Movimiento Ciudadano es la tercera vez que la busca y esta seguro que en esta ocasión es la vencida. Es al que más conocen.


No se miden.
Se llega a los extremos en la guerra sucia de estas campañas electorales, la candidata del Partido del Trabajo, Adriana García, se queja con toda razón que ha sido bloqueada por las autoridades de transito del puerto jarocho quienes impiden que circulen los autobuses que portan su propaganda. La conductora de uno de los noticieros de IMAGEN del Golfo quiso saber los motivos por los autobuses contratados estaban parados y la respuesta del señor Vicente Huesca a quien se le pagó esta propaganda política se negó a darle la cara y sólo por la vía telefónica informó que tenía ordenes oficiales de impedir el movimiento de dichos vehículos. La periodista Adriana García ha actuado con mucha prudencia pero la paciencia en contra de las arbitrariedades tiene su límite.