El peso político que adquirió como lastre electoral Enrique Peña Nieto, al ser considerado como un producto de Televisa, y que el gobierno del Estado de México había invertido fuertes sumas de dinero en su promoción y lanzamiento como abanderado del PRI, provocó que los senadores del PAN lanzaran una iniciativa de ley que regula la comunicación gubernamental de los medios. Dicha propuesta ya había sido anticipada por el propio mexiquense durante su campaña presidencial. Vaya que molestaba a la clase política el poderoso e influyente papel que había asumido los medios televisivos, al grado de convertirse en un factor para decidir candidaturas y transformar a los conductores de este medio en auténticos jueces, que de acuerdo a los intereses de los dueños, podían ensalzar o destruir la honorabilidad de cualquier ciudadano o funcionario público.
La nueva ley busca evitar que el gasto de la propaganda gubernamental se haya convertido en un instrumento para censurar, castigar o premiar a cualquier medio de comunicación por sus líneas editoriales.
Había modificado a México en una nación donde ya no existe la libertad de expresión al igual que países dominados por regímenes totalitarios. Las autoridades llegaron al grado de imponer condiciones y hasta exigir que para otorgar un convenio o un simple anuncio publicitario, debían los dueños correr aquel reportero o columnista que se había atrevido a molestar con un comentario al gobernante en turno.
A partir de esta ley, todos los organismos federales, estatales y municipales tendrán que dar a conocer por la vía del internet su programa anual de inversiones en comunicación oficial, señalando el monto y la distribución de este gasto, los contratos, fecha de los pagos y el número de anuncios publicados.
Todos los gastos tendrán que ser verificados por la Auditoría Superior de la Federación. La medida es directa en contra del duopolio televisivo (Televisa y Televisión Azteca) que en México se llevaba hasta más del setenta por ciento dedicado a este concepto, la nueva ley prohíbe que un sola empresa reciba más del 20 por ciento de la inversión anual de la inversión en comunicación gubernamental.
Censura a los medios que se dedican en gran medida a solo destacar logros de los respectivos gobiernos y que no se atreven a criticar por la amenaza de suspender la publicidad oficialista.
Se conformará un Consejo Consultivo para la Evaluación y Seguimiento de la Comunicación Gubernamental, que se integrará por once ciudadanos ajenos a los gobiernos con el único requisito de contar con un buen prestigio en el tema.
Esta información fue dada en exclusiva en este mismo espacio con varias semanas de anticipación.

ENGAÑO UNIVERSITARIO
Por primera vez el rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo, enfatizó el grave problema de mediocridad que confronta la educación superior, al señalar que cerca del 90 por ciento de los centros privados de estudios establecidos son un engaño. “Ni siquiera deberían denominarse universidades”.
Es necesario dijo, hacer un ajuste en la proliferación de universidades y en el abaratamiento de títulos profesionales. Se recuerdan casos como una ubicada en San Luis Potosí, donde los estudiantes por medio de un pago recibían sus grados académicos y estos podían ser desde licenciaturas hasta doctorados.
Como eran a control remoto se desconocía si el que presentaba sus trabajos y exámenes era el alumno matriculado o alguien con alguna experiencia realizaba esas pruebas para obtener calificaciones aprobatorias.
En la ciudad de Xalapa se registraron varios casos. En la Plaza de Santo Domingo se encuentran impresores donde se pueden obtener diplomas y títulos de las universidades más prestigiadas del planeta.

Enrique Peña Nieto
Raúl Arias Lovillo