Este fin de semana hubo una denuncia pública por parte de un personaje con representatividad que, de ser cierto, podría tratarse de algo grave, pero más aún, porque entra la sospecha de algo irregular en medio de la nueva administración que se ha pronunciado en contra de todo tipo de prácticas ilegales en la función pública, principalmente erradicar la corrupción.

La acusación fue hecha por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la zona sur de la entidad, Pablo Jacobo Farfán Sánchez, en contra del que podría decirse aún delegado de la secretaria de Comunicaciones y Transportes en Veracruz, pues aún no se da la nueva designación en base a la estructura recién definida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente de los empresarios dedicados a la construcción hizo una petición: “Transparencia en las licitaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debido a que nuevamente resultaron favorecidas dos empresas foráneas con las primeras obras del año en Coatzacoalcos”.

Tal parece que el responsable de la SCT en la entidad, Adalberto Vega Regalado está interpretando en sentido contrario la política del Presidente.

Y dice el líder de la CMIC:  Va en contra de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la regionalización de obras para beneficiar a empresas locales.

No tiene ni tres meses en el puesto y Vega Regalado ya mostró el cobre. Recomendado del grupo político y empresarial de Monterrey, el funcionario federal que por cierto no tiene aún nombramiento pues AMLO apenas definió la estructura que operará en cada entidad los Coordinadores federales, este funcionario ha empezado a beneficiar a empresas que podrían caer en ilegalidad dentro de las normas administrativas de esa dependencia.

El dirigente de los constructores en el Sur hizo la denuncia al detalle: “La SCT adjudicó un contrato por 69 millones 979 mil 231 pesos a las empresas Pegsa Construcciones S.A. de C.V y Constructora Marusa S.A. de C.V, de la ciudad de Villahermosa, para ampliar la carretera costera del Golfo desde el kilómetro 8+160 al 9+160, así como otro por 103 millones 707 mil 716 pesos a la compañía R&R Empresarial S.A. de C.V, del puerto de Veracruz, para obras del kilómetro 10+060 al 11+000.

Y en el señalamiento es más claro que al beneficiar a esas dos empresas foráneas de Villahermosa, Tabasco, Adalberto Vega parece llevar un interés particular.

Ante la falta de transparencia el empresario expresaría: “Definitivamente huele mal, hay gato encerrado y creo que no está siguiendo las instrucciones de nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador de regionalizar la obra y que cada obra sea para el estado correspondiente y se ejecute con empresarios locales de la región”.

 MUY EN CORTO

LA FARSA DE VILLA ALDAMA.

Cuentan que cuando se renueva una administración del gobierno del Estado quien asume la titularidad piensa en tres grandes rubros que son el negocio multimillonario de su vida. Es decir, sacarse la lotería sin jugarla.

Estos son, en el caso de Veracruz, el agua, el puerto y la basura.

Al menos esa fue la versión que se tejió en el bienio anterior con Miguel Angel Yunes Linares, lo que también se hizo con Fidel Herrera y Javier Duarte, donde los ayuntamientos se sumaron a la “transa” con los desechos, y es al menos lo que analizan algunos politólogos que saben dónde está el negocio para amasar fortuna por parte de un gobernante en turno.

No obstante, parece que, contrario a sus principios, esa misma intención prevalece en el actual régimen de Morena y algunos abusados y encumbrados políticos de Palacio tienen bien claro que por ahí va la jugada. Y que esos tres rubros son la prioridad, pero no para atender mejor el servicio y eficientizarlo con miras a favorecer al pueblo, sino por intereses meramente personales.

Por eso llama poderosamente la atención que se estén produciendo algunos sospechosos acontecimientos en los últimos días.

En Villa Aldama, donde la alcaldesa, Gisela Ramón Contreras es la consentida de Palacio, se han registrado insistentes bloqueos contra los tiraderos “clandestinos” de basura. El reclamo es que se acabe con esos espacios contaminantes pero cuya estrategia tiene un fin. Y  todo parece armado.

Primero, el miércoles pobladores toman el palacio y están no solo preocupados porque se cierren uno o dos tiraderos sino once que hay en la zona. Resulta que en un caso poco usual, la presidenta está resguardada en su casa por policías para “prevenir cualquier daño a su persona” por un reclamo social.

El drama va más allá. Información confidencial señala que el plan tiene un objetivo que es acondicionar un extenso terreno  para convertirlo en el nuevo relleno sanitario, con una millonaria renta para el propietario, y por supuesto lo más atractivo, el negocio rentable del reciclaje.

Pues bien, ahora ya se pasó de las constantes protestas en la zona por la contaminación y que exigen un relleno, a la clausura de un par de los basureros en ese municipio, en una simulación de otro funcionario del actual régimen estatal. El Procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez que para la corrupción se pinta solo.

El fin ya se conoce, y el negociazo también. ¿Quién estará tan interesado de realizar esta prueba piloto para extenderla por todo el estado?

¿Quién es o será el ganón o ganona con el nuevo terreno a donde, tras la novela armada exprofeso, se mudará todo el manejo de los desechos en aquella zona?

Por lo pronto, un alto funcionario de la secretaría de Gobierno, Carlos Juárez Gil, ya le entró a la farsa declarando sobre el burdo caso de Villa Aldama.

Cabe recordar el caso de El Tronconal que, aseguran, fue otro ejemplo, pues cuando Morena llegó a la alcaldía en Xalapa, se ventiló que las protestas por la basura, cierre de tiradero y la empresa que se niega a seguir recibiendo la basura si no le aumentan el jugoso contrato, tenía origen en una familia de políticos priistas, los Zúñiga, es decir el ex presidente municipal de la capital, Américo Zúñiga, era la mano que mecía y sigue meciendo la cuna.