La semana antepasada se registró la primera crisis interna en el gabinete del gobernador Cuitláhuac García que habría derivado, el miércoles 13, en la renuncia de la titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Leslie Mónica Garibo Puga.

Ante el escándalo detonado en las redes sociales, el mandatario persuadió a su colaboradora para que reconsiderara su dimisión. Garibo Puga aprovechó una serie de concesiones para sacudirse a recomendados de influyentes personajes y funcionarios que presumen de ejercer un gran ascendiente sobre el gobernador.

El lunes pasado hizo movimientos en tres direcciones generales de la CGE, y removió a contralores internos de 15 dependencias estatales, los cuales obedecían a intereses de otros grupos internos.

A Mercedes Santoyo Domínguez, quien formaba parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la designó Directora General de Fiscalización Interna en sustitución de Elisa Álvarez Nieves; a Rafael Rigoberto Galindo Silva, hermano de la diputada local de Morena por Xalapa, Rosalinda Galindo, lo nombró Director General de Fiscalización de Fondos Federales que ocupaba Jesús Sánchez Carballo, pero el fichaje estelar fue el de Miguel Ángel Vega García, quien tras desempeñarse en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto como titular del Órgano Interno de Control (OIC) de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) al lado de Rosario Robles, ahora sorpresivamente aceptó ocupar un cargo de muy bajo perfil: la Dirección general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, que desempeñaba desde diciembre pasado el maestro Nicolás Lorenzo Hernández.

Obviamente el nombramiento de Vega García fue el que más desconcertó, pues para empezar debe percibir, si bien le va, el 25 por ciento de los ingresos totales que recibía en la administración federal de Peña Nieto, pues el gobernador se asignó un sueldo mensual de 74 mil 938 pesos; mientras que los secretarios de despacho y homólogos –como la contralora Garibo Puga– ganan 60 mil 540 pesos; los subsecretarios, 52 mil 320 pesos, y los directores 40 mil 476 pesos. ¿Le alcanzará al exfuncionario peñista ese ingreso para pagar renta y comidas en Xalapa?

Pero lo más grave aún es que este abogado nativo del puerto de Veracruz salió del gobierno federal anterior con el estigma del mega fraude conocido como “La Estafa Maestra”, la galardonada investigación periodística realizada en 2017 por el portal Animal Político junto con Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, la cual destapó en la Sedesol y Sedatu, bajo la administración de Rosario Robles, un esquema fraudulento de triangulación de recursos públicos para el desvío de más de 3 mil 433 millones de pesos mediante un sistema de 128 empresas fantasma.

A nadie le queda duda, pues, que con toda esta experiencia, Rivera Vega será quien realmente se haga cargo de la Contraloría General, ya que Garibo Puga es una abogada litigante cuya principal trayectoria ha sido como representante electoral de Morena ante el OPLE y el INE.