Había causado extrañeza que Coatzacoalcos no hubiera sido incluido entre las 17 regiones prioritarias que el miércoles antepasado, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció que serían reforzadas con la presencia de 100 mil 200 elementos en total –600 en cada una– de las policías Militar, Naval y Federal para reducir la incidencia de delitos como el homicidio.

Y es que aparte del incremento de la criminalidad que se disparó en las últimas semanas, el antiguo Puerto México es un área estratégica para el plan de desarrollo de la zona del Istmo de Tehuantepec que el gobierno federal impulsa con el proyecto del ferrocarril interoceánico, el cual atraerá fuertes inversiones nacionales y extranjeras si se les garantiza seguridad a los dueños del capital.

Por eso, entre el gobernador Cuitláhuac García, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el alcalde Víctor Carranza tuvieron que fajarle al presidente López Obrador y a Durazo para que se considerara desplegar también al sur de Veracruz 600 efectivos federales, los cuales arribarán esta semana para patrullar los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Nanchital e Ixhuatlán del Sureste.

Y es que principalmente en Coatzacoalcos el tema de la seguridad hizo crisis este fin de semana luego del secuestro y brutal asesinato de la empresaria Susana Carrera, cuyo cuerpo apareció decapitado.

El sábado, el “Movimiento Coatzacoalcos exige paz” convocó a una manifestación para demandarle al alcalde que responda y dé cumplimiento a los 6 puntos del pliego petitorio que tiene como fecha límite el próximo 11 de marzo, pero también para exigirle al presidente López Obrador, al gobernador Cuitláhuac García, al secretario Alfonso Durazo y a diputados federales y locales, todos de MORENA, que así como “han manifestado en repetidas ocasiones que la inseguridad es mera percepción ciudadana, que se hagan presentes y actúen”.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que a los convocantes de esta marcha se les olvidara mencionar por su nombre al fiscal yunista Jorge Winckler Ortiz, a quien, como se lo exigen “firmemente” en su comunicado a las autoridades de municipales, estatales y federales de MORENA, le corresponde legalmente “la inmediata captura y reclusión de los autores de los últimos hechos que hemos sufrido y que han cambiado para siempre la vida de muchas familias”.

¿A poco será cierta la versión que circula entre los lopezobradoristas, de que detrás de este movimiento ciudadano por la paz y seguridad pudiera haber otro tipo de intereses políticos futuristas, identificados con el grupo del PAN recién echado del poder?

Y es que esa zona del sur del estado es el principal bastión electoral de MORENA que el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no pudo arrebatarles a pesar de todo lo que invirtió en la cooptación de diputados morenistas y de cuadros priistas en su fallido intento por  heredarle la gubernatura a su primogénito.