Dos semanas después del primer intento fallido del grupo legislativo de Morena para someter a juicio político y destituir al abogado yunista Jorge Winckler de la Fiscalía General del Estado, este viernes, al mediodía, será reanudada la sesión extraordinaria de la LXV Legislatura local que la diputación morenista decidió suspender “hasta nuevo aviso” el pasado día 8 cuando sus líderes corroboraron que no lograrían sumar los 34 votos mínimos de la mayoría calificada que exige la Constitución Política de Veracruz para proceder contra el titular de este órgano autónomo.

Y a menos que de última hora ocurriera un verdadero milagro, que tras un reflexivo acto de contrición siquiera 3 de los 19 diputados que la semana antepasada se opusieron al enjuiciamiento y remoción de Winckler reconsideraran su posición anterior, pero hasta anteayer todo parecía indicar que difícilmente cambiarían su decisión.

Sobre todo si como ya es vox populi, algunos habrían sido “cañoneados” hasta con ¡cinco millones de pesos! por parte del grupo de poder interesado en sostener en su cargo a Winckler siete años más, pues casualmente la Fiscalía General es la primera instancia legal que conocerá y encausará todas las denuncias penales que la nueva administración estatal de Morena pudiera presentar en contra de exfuncionarios e inclusive de algunos diputados locales del PAN implicados en presuntos desvíos de recursos públicos o en otros actos ilegales.

Por eso, en la bancada de Morena se percibe cierta resignación ante el esperado resultado adverso. Pero siguen firmes en su postura de no comprar conciencias para ganar la votación. Le apuestan a que sea la historia la que juzgue el actuar de cada quien, y que cada diputado, incluidos los del partido lopezobradorista, rinda cuentas y explique a sus electores por qué en diciembre pasado sí aprobaron la reforma al artículo 33 constitucional para que el Congreso pudiera remover al fiscal, y dos meses después, incongruentemente, se opusieron a que se le enjuicie y destituya.

Tienen claro que no todos los que se subieron al barco de Morena y fueron remolcados electoralmente por Andrés Manuel López Obrador están plenamente comprometidos con la Cuarta Transformación que impulsa el Presidente, y que tampoco será fácil cambiar el régimen político corrupto en el corto plazo.

Pero los infieles y traidores no sólo arribaron al Congreso local, sino que también se infiltraron en dependencias del gobierno estatal, como en la Sefiplan, donde presuntos “soltadores” de funcionarios están pidiendo hasta el 20 por ciento de “moche” a desesperados empresarios por tramitarles el pago inmediato de los adeudos pendientes de las dos administraciones anteriores.

Esto seguramente lo ignora el secretario José Lima Franco, quien este martes se comprometió ante la asociación civil Semillero Empresarial para el Desarrollo de México, que lidera Carlos Abreu, que la deuda institucional del Gobierno del Estado con los constructores y proveedores sí será liquidada, aunque en algunos casos, por el tamaño de sus montos, dijo que se pagaría a lo largo del sexenio.