A principios de diciembre de 2018, con 39 votos a favor y 11 en contra, la LXV Legislatura local aprobó la reforma del Artículo 33 de la Constitución Política de Veracruz, que le otorga al Congreso estatal –de conformidad con lo previsto en su Artículo 67, Fracción I, Inciso D– la facultad para designar y remover al titular de la Fiscalía General del Estado, un órgano constitucionalmente autónomo.

¿Qué fue lo que pasó en el lapso de dos meses, ya que hace un par de semanas el grupo legislativo de Morena ni siquiera pudo alcanzar el mínimo de 34 votos que exige la mayoría calificada para someter a juicio político al fiscal Jorge Winckler Ortiz, por lo que sus líderes tuvieron que suspender de última hora la votación en la primera sesión extraordinaria y al día siguiente posponer hasta nuevo aviso la segunda reunión plenaria?

De los 39 votos que sumaron en diciembre perdieron 8 a principios de febrero, pues en total fueron 19 los diputados que se opusieron a que se enjuiciara y destituyera al fiscal yunista.

De todos los argumentos que esgrimieron para tratar de justificar su repentino e incongruente giro –ya que dos meses antes habían aprobado la reforma constitucional para que el Congreso pudiera remover a Winckler, ¡y luego se opusieron a ello!–, ninguno resultó convincente.

Inclusive algunos legisladores acusaron que habían recibido desde amenazas hasta propuestas económicas indecorosas de parte del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, y del coordinador del grupo legislativo de Morena, Javier Gómez Cazarín, pero nunca mostraron pruebas de sus dichos pese a que hasta aseguraron que poseían grabaciones. Tampoco procedieron a denunciarlos penalmente ante la Fiscalía, como habían amagado también.

Y es que se sabe que ni de Cisneros ni de Gómez Cazarín recibieron la oferta de “comprarles” sus votos, pues tanto el titular de la Segob como el coordinador de la bancada de Morena están totalmente decididos a apoyar en Veracruz, al costo político que sea, la Cuarta Transformación que a nivel nacional viene impulsando el presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar el régimen de gobierno corrupto.

Ambos, el funcionario y el diputado, fueron duramente criticados porque a juicio de sus detractores fallaron en la “operación política” que por lo menos durante los últimos 14 años se maniobró de manera eficaz a punta de cañonazos millonarios. Pero ahora los lopezobradoristas han decidido acabar con esta perniciosa práctica, sabedores de que los legisladores que traicionen los postulados del partido y de su máximo líder político que fue quien en realidad los hizo triunfar en la pasada elección, muy difícilmente se van a poder reelegir para el Congreso o ganar las alcaldías en los comicios locales de 2021.

Un caso ejemplar es el del diputado Gonzalo Guízar Valladares, quien por su partido, el PES, obtuvo en Coatzacoalcos sólo 1,500 votos, mientras que por Morena recibió más de 40 mil sufragios. ¡Y fue quien encabezó la revuelta a favor de Winckler!.