A principios de julio de 2017, Hernán Martínez Zavala, (a) “El Comandante H”, jefe de Los Zetas en la región de Coatzacoalcos, fue aprehendido en un operativo encabezado por elementos federales de la Agencia de Investigación Criminal y de la SEIDO en los límites de Veracruz y Tabasco.

La detención de Martínez Zavala, quien comenzó a operar impunemente desde 2006, en el segundo año del sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán, cimbró no sólo al jet set porteño sino también a jefes castrenses y policiacos de esa región por las presuntas complicidades que mantenían con él.

A unos les preocupaba las revelaciones que el capo pudiera hacer ante las autoridades ministeriales acerca de su cooperación en el lavado de dinero de procedencia ilícita –producto de extorsiones, secuestros y de la venta clandestina de gasolina ordeñada de los ductos de Pemex– y, a otros, altos funcionarios municipales y estatales, por haber sido omisos y no contribuir a que las fiscalías del estado y federal actuaran contra él.

La espiral de violencia y descomposición social que actualmente padece Coatzacoalcos fue producto en buena parte de toda esta impunidad, de la que algunos sectores de la sociedad porteña también fueron cómplices, unos porque fueron amedrentados y otros por ambiciones políticas o conveniencia económica.

La detención del “Comandante H” fue coyuntural. Y es que de no haber sido acribillados el sábado 24 de junio de ese año cuatro menores de edad junto con sus padres en Coatzacoalcos, cuyo crimen tuvo repercusión nacional porque ocurrió el mismo día en que en ciudad Cardel fue ejecutado el comisionado estatal de la Policía Federal, Camilo Castagné, y dos oficiales más de la PF, seguramente Martínez Zavala seguiría delinquiendo libremente en el Sur de la entidad, donde inclusive asistía a comidas y reuniones políticas, como a la que en el proceso electoral de 2016 asistió en Cosoleacaque Fernando Yunes Márquez, a la sazón senador e hijo del entonces candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Sin embargo, pese al encarcelamiento de este capo de Los Zetas, la violencia en el Sur empeoró porque las causas son las mismas: impunidad y complicidad con los criminales de los encargados de procurar justicia y brindar seguridad.

Antes fue el “Comandante H”, ahora señalan a José Roberto Sánchez Cortés, (a) “El 80”, un exagente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado por el que el gobierno de Yunes Linares ofreció en julio pasado hasta un millón de pesos por contribuir a su captura. Actualmente controla para el Cártel Jalisco Nueva Generación desde Acayucan hasta Agua Dulce. 

Este martes, en una narcomanta, le fue atribuido el secuestro y crimen de la empresaria porteña Susana Carrera.

Así que hoy jueves, al instalarse en Coatzacoalcos la Mesa Intersecretarial de Seguridad, los funcionarios estatales y federales ya deben tener claro por dónde empezar para combatir a fondo la criminalidad.