De acuerdo con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz, las autoridades competentes para aplicar esta ley son el Poder Legislativo que se erigirá en jurado de acusación o de procedencia, según sea el caso, y el Poder Judicial cuyo Pleno del Tribunal Superior de Justicia se constituirá en jurado de sentencia, y su sala constitucional con el carácter de Comisión de Enjuiciamiento.

Así que si uno de los dos juicios políticos que la LXV Legislatura local le ha iniciado al fiscal general del estado Jorge Winckler Ortiz finalmente procediera, la decisión final quedaría en manos de los magistrados que como presidentes de sala integran el Pleno del TSJE, los cuales están por concluir sus periodos y ser sustituidos.

Actualmente, la primera sala es presidida por el magistrado Marco Antonio Lezama Moo, un tabasqueño avecindado en Veracruz desde hace más de 40 años, quien se desempeñó como subprocurador de Justicia del estado y en junio de 2014 fue propuesto por el exgobernador Javier Duarte ante el Congreso local para sustituir en el TSJE por fallecimiento al magistrado Miguel Nava Oyarzábal. Por las canonjías recibidas, entre ellas el presunto pago de la renta del departamento de su hijo en la Ciudad de México, su voto sería en el sentido que le sugiera el presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña.

La segunda sala, integrada por el juez comisionado Luis Daniel Ruiz Guerrero y Alejandro Gabriel Hernández Viveros, estaría igualmente bajo control de Álvarez Peña.

La tercera sala, que preside Julio César Díaz Hernández y a la que está adscrito también el expresidente del TSJE, Alberto Sosa Hernández, se presume que su voto sería independiente.

No así la cuarta sala, presidida actualmente por Víctor Manuel César Rincón, pero a la que serían integrados dos de los magistrados recién designados por el gobernador Cuitláhuac García y ratificados por el Congreso local.

A la quinta sala, de la magistrada Beatriz Rivera Hernández, también serían adscritos otro par de nuevos magistrados, por lo que presumiblemente su voto se tomaría de manera independiente.

El voto de la sexta sala dependería de quién sustituya al presidente Roberto Armando Martínez Sánchez. Si fuese la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda, es posible que desacate la línea marcada desde la presidencia del TSJE.

En cambio, en la octava sala que preside Fluvio César Rafael Vista Pérez y de la que forma parte también el magistrado Roberto Dorantes Romero, el sentido del voto sería conforme se los indique el titular del Poder Judicial.

Igual que la Sala de Responsabilidad Juvenil a cargo de Ignacio Bello Nájera.

En cambio, la sala constitucional, que preside Lizbeth Hernández Ribbon, es posible que actúe con mayor independencia dado el malestar que presuntamente existe en esta magistrada por el maltrato que recibió un familiar cercano que laboraba en el TSJE. Su contrapeso sería Gladyz Pérez Maldonado, muy afín al magistrado Álvarez Peña, quien este miércoles, por cierto, entrevistado sobre las propuestas hechas al Congreso local por el gobernador Cuitláhuac García de seis postulantes a magistrados, reconoció la voluntad del Ejecutivo estatal por cubrir estas vacancias que, dijo, fortalecerán el trabajo jurisdiccional en beneficio de los veracruzanos.