Este domingo 12, en una reunión de agradecimiento a sus votantes de la región de Los Tuxtlas, el gobernador electo Cuitláhuac García dijo que “tenemos una situación nada fácil, todavía está en funciones el gobierno anterior, todavía están haciendo eso que se llama ‘Año de Hidalgo’, el ‘no sé qué el que deje algo’; esperemos que no se atrevan”, advirtió.

Al día siguiente, lunes 13 entrevistado al final de un evento en el World Trade Center de Boca del Río, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares evadió responder al señalamiento del morenista sobre el saqueo que tradicionalmente se da al final de cada administración.

“Ya lo dije y lo vuelvo a repetir, yo me dedico a trabajar, no a hacer ‘rounds de sombra’, yo me dedico a trabajar”, reiteró cortante el mandatario veracruzano.

También desde dos semanas antes, el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, salió de su mutismo para retar al ex candidato triunfador de Morena a que “si supiera una irregularidad pues que la denuncie y que presente las pruebas, no únicamente dichos”.

Pero ni al ex dirigente estatal del PRD ni a su jefe Yunes les quedan esas actitudes de bravuconería, porque García Jiménez ya prometió que en cuanto asuma formalmente el poder en diciembre próximo revisará minuciosamente el estado en que le dejarán la administración pública, y que en caso de ser confirmadas las presuntas irregularidades procederán legalmente por la vía administrativa o inclusive por la penal.

Sólo que a diferencia de lo que ocurrió en esta corta gestión de la alianza PAN-PRD, en la que por intereses político-electorales del mandatario estatal que pretendía heredarle la gubernatura a su primogénito terminó encubriendo a los principales cómplices del saqueo duartista, en la próxima administración de Morena difícilmente habrá componendas de este tipo con los funcionarios que están por salir y que pudieran estar implicados en los presumibles desvíos millonarios y en otra serie de presuntas irregularidades administrativas que resultarían aún más grotescas de las que se le atribuyeron al último régimen del partido tricolor.

Y es que este miércoles, por ejemplo, trascendió el burdo tráfico de plazas en la Secretaría de Educación de Veracruz, para lo cual –según información confidencial obtenida por el reportero Rafael Meléndez Terán, del portal alcalorpolitico.com– estarían utilizando hasta al ex Oficial Mayor de la SEV, Rosendo Pelayo Valdés, para firmar de manera ilícita por extemporánea la asignación de dichos puestos de trabajo para gentes afines al PAN y PRD.

Pero, además, se sabe que familiares muy cercanos a Cuitláhuac García habrían recibido información también acerca de un presunto desfalco de más de 60 millones de pesos mensuales que desde hace más de un año se estaría perpetrando en esa misma dependencia estatal que encabeza Enrique Pérez Rodríguez, otro incondicional de Yunes.

Hace ocho días, Cuitláhuac declaró que él había ofrecido un proceso de entrega-recepción terso, sin problemas, pero que ante el agandalle de Yunes, “entonces que se atenga a las consecuencias”.