El pasado 9 de julio –ocho días después de la histórica elección en la que arrolló por más de 200 mil votos de diferencia al panista Miguel Ángel Yunes Márquez en las urnas–, el gobernador electo Cuitláhuac García visitó en su despacho a la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara.

Ese mismo día, García Jiménez, quien es egresado de la Facultad de Ingeniería y catedrático de esa casa de estudios, difundió a través de su cuenta de Twitter: “Ya estamos trabajando. Platiqué con la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, sobre las finanzas de nuestra máxima casa de estudios y planes para su crecimiento en los próximos años”.

Sin embargo, a diferencia de la austeridad republicana que vienen proclamando el gobernador electo y el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador –lo que ya ha obligado a otros Poderes de la Unión a prever diversos ajustes en los ingresos y otros privilegios de los venían gozando diputados y senadores, así como los ministros de la Suprema Corte–, ni en esa reunión ni después la rectora se comprometió públicamente a racionalizar el gasto de la UV, sobre todo en materia de sueldos de la alta burocracia, comenzando por ella.

El asunto no es menor, ya que hace tres meses, a principios de mayo, estalló un escándalo mediático que involucró a Ladrón de Guevara y a su esposo Guillermo Heitler Aroeste en la sospechosa compra de la casa y terreno marcados con el número 50 de la antigua Calle Josefa Ortiz de Domínguez –hoy Calle Corregidora–, de esta ciudad capital, con superficie remanente de poco más de 3 mil 547 metros cuadrados.

Se trata de la residencia que perteneció al exgobernador Rafael Hernández Ochoa (1974-1980), por la cual declararon notarialmente haber pagado 12 millones de pesos a sus últimos propietarios.

En la capital veracruzana no sólo se duda del bajo precio declarado ante el fedatario, sino que se cuestiona también que Ladrón de Guevara haya podido adquirirla realmente con el sueldo acumulado en los cuatro años que apenas llevaba en la Rectoría, no obstante que en septiembre de 2017 el portal informativo Animal Político publicó que mensualmente percibía 195 mil 348 pesos, lo que la convertía en la académica “mejor pagada del país”, aún por encima de los rectores del Instituto Politécnico Nacional, UNAM, Colmex y de la UAM, así como de varios gobernadores, incluyendo a Miguel Ängel Yunes Linares, quien nominalmente percibe menos de la mitad: 74 mil 938 pesos al mes.

Entrevistada por esas fechas en el puerto de Veracruz, la rectora no quiso revelar el monto de su percepción. “Falso, falso, es falso. No tengo ese dato”, respondió a los reporteros.

Pero el asunto caló entre la comunidad universitaria, pues a través de la plataforma Change.org, académicos de la UV recabaron firmas para –entre otros puntos– pedir que la rectora bajara su salario.

¿Ahora sí “se apretará el cinturón”?