Todavía le restan 115 días a su administración de dos años, pero el mandatario panista Miguel Ángel Yunes Linares prácticamente ya perdió el interés por seguir gobernando Veracruz, vacío político que está capitalizando anticipadamente su virtual sucesor Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, quien no sólo ha sido invitado por algunos alcaldes a inaugurar obras, como en Moloacán, sino que también se ha reunido con el Colegio de Notarios Públicos, con familiares de desaparecidos y ha atendido, a través de sus futuros secretarios de Gobierno y de Desarrollo Económico, Erick Cisneros y Ernesto Pérez Astorga, respectivamente, a otros sectores que han sido ignorados y maltratados por funcionarios yunistas, como ha sido el caso de los empresarios hoteleros de la región de Xalapa y de los proveedores y contratistas del gobierno estatal que siguen reclamando el pago de los adeudos que siguen pendientes desde la gestión del exgobernador Javier Duarte.

Y es que Yunes parece más interesado en blindarse política y jurídicamente por la presumible persecución legal que intuye se desatará en su contra por parte del gobierno de Morena que entrará en funciones a partir de diciembre próximo. A nivel local pretende asegurar la permanencia en la Fiscalía General del Estado de su incondicional Jorge Winckler, mientras que en la Fiscalía Anticorrupción acaba de imponer a Marcos Even Torres, otro de sus allegados, para cuyo desaseado nombramiento por parte del Congreso local se apoyó en las sumisas bancadas del PAN y PRD, y en la presunta cooptación de dos legisladoras exmorenistas y hasta de un par del PRI, a los que –según versiones que corren en el Palacio Legislativo de la avenida Encanto, de Xalapa–, sus operadores los habrían convencido, antes de la tirante sesión, con “cañonazos” que inicialmente ascendían a 5 millones de pesos, monto que al final, en su desesperación, supuestamente habrían llegado a triplicar en casos de congresistas muy especiales.

Sin embargo, el problema de Yunes no sólo se circunscribe a la rendición de cuentas que seguramente le exigirá Cuitláhuac García, sino también a las denuncias penales que por presuntos delitos del fuero federal tiene arraigadas desde hace un par de años en la Procuraduría General de la República. Unas presentadas por su antecesor Javier Duarte; otras por el exdirigente nacional del PAN y actual diputado federal aliado de Morena, Manuel Espino Barrientos, y una más que formalizó la Sección 32 del SNTE, quien lo acusó “de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, ya que como director del Issste (2006-2010) creó un sistema de préstamo de dinero al magisterio federal en complicidad con la empresa Consupago, de la familia Chedraui, la cual descontaba a los maestros de su nómina, y por el dinero que cobraba por cada préstamo pagaba millonarias comisiones a tres empresas propiedad de la familia Yunes Márquez.

¿Por eso su reiterado interés de buscar al encargado de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien la semana anterior le canceló una reunión?