Inaudito resulta que, el estado de Veracruz, tenga en un fiscal anticorrupción a un personaje que llegó mediante un procedimiento viciado, ilegal, amañado, producto de esas viejas prácticas de corrupción y abuso de autoridad. Lo anterior hace evidente y urgente las acciones legales a emprender que dejen sin efecto tal designación, por no decir imposición.

Y es que sí algo falto fue una defensa legal adecuada que impidiera que ese absurdo dictamen que impuso a Marcos Even Torres se votara, pues provenía de una burda interpretación a conveniencia que los diputados hicieron de la base sexta de la Convocatoria para elegir al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción; es decir pisotearon la constitución e hicieron mal uso de una precisión en el citado documento que solo aplicaba para eventualidades que se pudieran presentar en el transcurso del proceso.

La base sexta de la convocatoria precisa que “lo no previsto en la presente convocatoria y en el procedimiento de designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción será resuelto por la Comisión Permanente de Procuración de Justicia” Aquí en ningún momento se invoca que al agotar el procedimiento y no lograr la mayoría para nombrar al Fiscal, se recurra a la designación o imposición como sucedió, aquí solo se precisa la atribución de referida comisión para actuar en caso de imprevistos.

Luego entonces lo de Even –ese que posa feliz en diferentes fotografías al lado de su amigo el Fiscal Jorge Winckler- se trata de un nombramiento anticonstitucional, toda vez que viola lo establecido en el artículo 67 de la constitución política del estado de Veracruz que establece que, “será nombrado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado”, lo cual no ocurrió.

Y es que, el artículo 67 de la Constitución precisa que, “en caso de no obtener el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes, el Congreso del Estado realizará una segunda convocatoria pública, y así sucesivamente hasta que se alcance la mayoría requerida”. Pero lo ocurrido fue un franco desacató a la carta magna de la entidad, pues se presentó la misma terna en dos ocasiones y luego llego la imposición basada en la artimaña ya señalada. Como la misma constitución lo precisa desde la primera votación, al no alcanzar la mayoría ninguno de los participantes, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado María Elisa Manterola Sáinz, debió turnar a comisiones para que se emitiera a la brevedad posible una nueva convocatoria. Ello no ocurrió y ésta diputada podría enfrentar una responsabilidad penal por su actuar.

Con la referida interpretación a conveniencia de la convocatoria, introdujeran el referido dictamen donde se estableció que la comisión permanente de procuración de justicia, determinaba DESIGNAR como titular de dicha Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a Marcos Even Torres Zamudio. A lo anterior habría que agregar además que uno de los 3 integrantes de la comisión de Procuración de Justicia se pronunció en contra; me refiero al vocal, Zenyazen Roberto Escobar García.

Por lo cual, dicha imposición además de violentar lo establecido en la constitución del estado, contraviene lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y lo determinado por el artículo 113 de la Constitución Política del país que establece las directrices de este sistema, refiriendo que son principios rectores la legalidad, honradez, imparcialidad, equidad, transparencia, entre otros.

Además de violentar los tratados internacionales de los que México es parte que garantizan los derechos humanos de todo ciudadano, entre los que se encuentran la igualdad y la equidad, principio que fue pisoteado en contra del resto de los aspirantes; luego entonces no puede ser Fiscal Anticorrupción un personaje que proviene de un proceso ilegal, inequitativo y turbio.

Urge que los inconformes inicien un juicio de amparo, pues los vicios presentados muestran opacidad e inequidad en el proceso, dejándolos en desventaja y violando sus derechos humanos, toda vez que no se les considero, imponiéndose desde principio de año una terna a modo.

Además los diputados inconformes  podrían interponer una acción de inconstitucionalidad y/o bien presentar las denuncias necesarias en contra de los diputados que se prestaron a una designación ilícita, quienes podrían incurrir en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, coalición, tráfico de influencias, entre otros. ¡Así las cosas en nuestra entidad, nos leemos mañana!.