A mediados de octubre de 2016, cuando públicamente se incorporó Pedro María García Montañés como secretario particular del entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, el nombramiento fue destacado en la primera plana de un popular diario porteño muy afín al gobierno yunista debido a que el exfuncionario federal había renunciado a un sueldo mensual de más de 119 mil pesos mensuales en la Secretaría de Gobernación por venir a formar parte de una administración que sólo será de dos años.

Ahora se entiende por qué García Montañez decidió retornar a Veracruz por un ingreso nominalmente menor al que percibía como director general de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico en la SEGOB.

Y es que aunque no cumplía cabalmente con todos los requisitos constitucionales para ser magistrado del nuevo Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, su exjefe Yunes Linares lo acaba de proponer ante el Congreso local para desempeñar dicho cargo por un periodo improrrogable de 10 años.

Primero, para habilitarlo legalmente, Yunes tuvo que pedir al Congreso local que reformara la Constitución Política del Estado, ya que anteriormente se exigía una edad mínima de 35 años para ser magistrado. Ahora se redujo a 30, pues García Montañez acaba de cumplir 34 en septiembre pasado.

Sin embargo, lo que está en duda es si realmente cuenta con la residencia efectiva, ya que tampoco nació en Veracruz sino en la Ciudad de México, y para ser magistrado se requiere “ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación; o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado…”.

De acuerdo con sus datos curriculares, García Montañez residió en Xalapa hasta el año 2005, pues la Licenciatura en Derecho la cursó en una universidad privada de la capital veracruzana, pero después hizo una maestría en Administración Pública en Huixquilucan, Estado de México, y más tarde se fue a la Universidad Complutense de Madrid, España.

Y desde 2008 hasta octubre de 2016 ocupó diversos cargos públicos que lo mantuvieron alejado de Veracruz, entre ellos los de Visitador Adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Secretario Particular de la Secretaría Técnica de la CNDH; Director General Adjunto de Formación y Capacitación de la CNDH, y Director General de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico en la SEGOB.

Pero el nombramiento de García Montañez no sólo podría cuestionarse por lo de su dudosa residencia, sino también por los señalamientos que recientemente se hicieron en su contra por su presunta complicidad en una intrincada red de tráfico de influencias que venía operando en la Delegación Estatal de la SAGARPA con la aprobación de millonarios proyectos productivos.

Y es que el flamante magistrado del nuevo Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que será pieza importante en el Sistema Anticorrupción de Veracruz, es hijo de Héctor René García Quiñones, actual coordinador general de Enlace Sectorial de la SAGARPA y encargado precisamente de los programas del FAPPA-PROMETE, “El Campo en Nuestras Manos” y del fortalecimiento de organizaciones civiles.

Líderes campesinos y productores agropecuarios vincularon recientemente a García Montañez con Alejandro Chavarría Jr., hijo de Luis Alejandro Chavarría Galindo, quien casualmente acaba de ser cesado como subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural de la SAGARPA en Veracruz.

Chavarría, según señalamientos hechos por algunos productores defraudados, contaba hasta hace poco con un despacho privado en un fraccionamiento residencial de Las Ánimas, de donde los proyectos productivos eran remitidos a Palacio de Gobierno para el “visto bueno” del entonces secretario particular de Yunes.