Primero, hace aproximadamente un mes, fue el caso del neurocirujano David Casanova López, cuyo rapto y crimen el gobernador Miguel Ángel Yunes negó que estuviera vinculado a la delincuencia organizada, insistiendo en que se trató de un simple robo no obstante que el cuerpo del galeno estaba desnudo, degollado y con una “Z” marcada con arma punzocortante en el abdomen.

Ahora, el pasado viernes, sobre las muertes del alcalde de Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinoza Tolentino, de su esposa y tres personas más acribilladas en Banderilla, la Fiscalía General del Estado difundió de inmediato una historia que más que certezas ha sembrado muchas dudas, ya que pareciera que intentaron desmentir la primera versión que corrió, de que habrían sido policías estatales los que por “error” habrían masacrado al edil de origen priista y a sus acompañantes.

La versión oficial que difundieron velozmente en base a “datos obtenidos” es que Espinoza Tolentino y sus acompañantes fueron asaltados y asesinados por una banda delictiva que le ofertó láminas de zinc a la mitad del precio de mercado. Supuestamente llevaba 400 mil pesos para adquirir 3 mil láminas.

Pero lo que ha generado también suspicacias es que según la versión del gobierno yunista, desde diciembre de 2016 venían desarrollando esta investigación.

¿Por qué entonces no actuaron antes contra los presuntos responsables, lo que habría evitado las muertes del munícipe de Ixhuatlán de Madero y de sus acompañantes, y las de otras cuatro personas que igualmente fueron ejecutadas la semana antepasada, el viernes 17 de noviembre, entre los municipios de San Andrés Tlalnelhuayocan y Banderilla, donde presumiblemente también les serían entregadas láminas a mitad de precio?

¿Para qué matarlos y robarles el dinero si los presuntos exfuncionarios ya habían hecho un trato “de buena fe” para venderles las láminas? ¿Qué otros alcaldes y candidatos iban a querer hacer “negocios” con ellos el año entrante en que habrá elecciones federales y locales?

Sospechosamente, la Fiscalía yunista no ha informado ni precisado que entre los cinco muertos de Banderilla, aparte del alcalde de Ixhuatlán de Madero y de su esposa, figuraba Julio César Marín Aguirre, un funcionario que desde el sexenio antepasado estaba adscrito al Departamento de Acción Social de la Secretaría de Gobierno, pero que luego fue comisionado a la Procuraduría General de Justicia del Estado donde realizaba operaciones políticas en el norte de la entidad para un cercano colaborador del extinto procurador Salvador Mikel Rivera.

Por eso, Marín tenía acceso a bodegas y a ese tipo de apoyos oficiales para la población vulnerable que regularmente se entregan en campañas electorales. Pero Marín no era el único, en esta red colaboraban también otros servidores públicos que actualmente laboran en la Secretaría de Gobierno y en los Servicios Coordinados de Salud, así como en una Delegación federal.

¿Acaso el crimen del alcalde de Ixhuatlán de Madero tendría que ver con el próximo proceso electoral? Y es que Espinoza Tolentino, quien había llegado a la alcaldía en el 2013 por el PRI, en la sucesión municipal de este año apoyó a Ader García Escalante, de la alianza PAN-PRD, luego de que el partido tricolor le negó la candidatura a su hermano Arnulfo Espinoza, (a) “Nuco”, para postular al exalcalde y exdiputado local Elías Benítez Hernández.

¿Será que el munícipe fue ejecutado porque ya no apoyaría al PAN-PRD en la elección de gobernador que viene, dado los serios problemas que supuestamente tenía con su virtual sucesor?

¿O quién los acribilló, si con el que había pactado la compra de láminas también fue ultimado?