La última reforma política electoral federal, la de 2014, fue impulsada en la mesa del Pacto por México por el entonces dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, con el propósito fundamental de arrebatarles el control a los gobernadores, principalmente a los priistas, de los órganos electorales locales.

Dicha reforma no sólo determinó desaparecer al Instituto Federal Electoral (IFE) para sustituirlo por el INE –mediante el cual se pretendió restar poder a los mandatarios estatales al centralizar la designación de los miembros de los nuevos Órganos Públicos Locales Electorales (los OPLE’s)–, sino que también se le dio facultad al Senado de la República para elegir a los magistrados de los Tribunales Electorales estatales.

Sin embargo, en los hechos, esta reforma no ha podido contener ni sancionar totalmente las intromisiones, manoseos y abusos de algunos gobernantes, entre ellos los del PAN, que siguen actuando impunemente para tratar de imponer sus caprichos políticos personales y perpetuarse en el poder.

Ahí están, por ejemplo, los cúmulos de irregularidades que ocurrieron en el reciente proceso electoral municipal, donde se dieron casos que sorprenderían al propio Ripley, como los de un par de municipios del centro del estado donde increíblemente el partido MORENA obtuvo cero votos, lo que resulta lógicamente absurdo porque al menos el partido lopezobradorista debió haber contado con los sufragios de sus candidatos propietarios y suplentes a las alcaldías, sindicaturas y regidurías, y los de sus representantes de casilla y ante la comisión municipal electoral.

La versión que dieron sus candidatos –de los cuales se omiten sus nombres y los de sus respectivos municipios por razones de seguridad–, es que el día previo a la elección fueron intimidados por comandos armados, los cuales los amenazaron para que ni ellos ni sus representantes salieran a sufragar.

En la actualidad, varios diputados locales del PAN que pretenden reelegirse el año próximo, se autopromocionan en anuncios espectaculares de supuestas portadas de revistas y publicaciones que pocos o nadie conoce, así como a través de simuladas “casas de gestión”, pero los órganos electorales no los frenan ni sancionan como en cambio sí se ha hecho en otras entidades del país.

Igual ocurre con el alcalde panista de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien aspira a suceder a su padre en la gubernatura en 2018 y anda en descarada precampaña por todo el estado con el pretexto de unos foros sobre su “exitoso” gobierno municipal.

Ahora, los que se exhibieron feo fueron los magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral, los cuales determinaron anular la elección municipal de Emiliano Zapata que había favorecido al candidato de MORENA, Jorge Mier, quien luego del recuento voto por voto ordenado por el Tribunal Electoral del Estado y tras la anulación de una sola casilla, había ganado por 165 votos a Daniel Baizabal, de la coalición PAN-PRD.

Pero este jueves 16, tras una nueva impugnación de Baizabal por supuesta “inequidad”, los magistrados de la Sala Regional del TRIFE, sin expresar la fundamentación de sus conclusiones al examinar la cuestión relativa a la presunta violación de los principios constitucionales de equidad y certeza, determinaron anular la elección municipal aunque la causal no figura en las estipuladas por el artículo 396 del Código Electoral del Estado.

Y es que Baizabal se quejó de que no pudo realizar actos de campaña durante seis días, pero ello fue por las pugnas internas de la coalición PAN-PRD para definir la candidatura, un asunto en el que evidentemente no tuvieron nada que ver los demás partidos políticos y sus abanderados.