Este martes 28 será un día que difícilmente olvidarán el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, y su director general de Asuntos Jurídicos, Oscar Ocampo Acosta.

Y es que ayer, por primera vez en toda la historia del ORFIS, se hizo público el amparo y la protección de la Justicia de la Unión que un juez federal de Distrito concedió a una ex funcionaria estatal contra actos reclamados por el máximo órgano fiscalizador del estado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, le dio un cambio a las acciones persecutorias ejecutadas por el ORFIS, cuyos titulares y resoluciones se han caracterizado siempre por decisiones políticas y no legales, y para enriquecer a los representantes de dicho organismo autónomo, uno de los cuales está en prisión.

En efecto, dentro del juicio de amparo 432/2017, promovido por el doctor Ramón Ferrari Pardiño, ex titular de la Sedarpa, y Araceli Rodríguez Viveros, ex Secretaria Ejecutiva del Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario, contra una resolución del ente fiscalizador que también fue motivo de denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el supuesto desvío de 714 millones de pesos del FIVERFAP correspondiente al ejercicio fiscal 2015, resultó que el ORFIS no valoró las pruebas que solventan todas las observaciones imputadas a los amparistas, por ello, al ser valoradas las mismas por el juez federal éste determinó que no hay daño patrimonial, que tampoco se da la temporalidad en forma, tiempo y lugar del supuesto ilícito, y que no se particularizan la penalidad a cada uno de los funcionarios que laboraron en dicho organismo.

Por ello, por falta de fundamentación y motivación de su resolución, se ordenó al ORFIS dictar otra resolución con lineamientos precisos y valorando todas las pruebas exhibidas, quedando sin efecto momentáneo la denuncia interpuesta por el presunto desvío de los 714 millones de pesos en contra de Ferrari Pardiño y de Rodríguez Viveros.

¿El ORFIS volverá a presentar otra resolución incriminatoria similar en contra del ex titular de la Sedarpa y de la ex Secretaria Ejecutiva del FIVERFAP? Quienes saben de Derecho advierten que de hacerlo incurrirían en la repetición del acto reclamado, o sea, simulación de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo que implicaría la inmediata vista al Ministerio Público federal por los delitos de contumacia en contra del auditor general y su director Jurídico, exponiéndose a correr la misma suerte del ex delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en Veracruz, Mario Ramírez Bretón, quien fue encarcelado por desacato a un Amparo Federal.

Lo importante e histórico de este caso es que cambia la exclusividad de la coercitividad que ejercía el Estado a través del ORFIS y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues ya puede intervenir la Autoridad Federal dando paso a la justicia en la revisión de las resoluciones que sean violatorias de garantías individuales a los gobernados.

Además, esta resolución de la justicia federal bien puede desencadenar un efecto dominó y hacer que los más de 20 mil millones de pesos de daño patrimonial en entes fiscalizables que había determinado el ORFIS se reduzcan considerablemente, si es que continúan armando procesos de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones del Procedimiento de Fiscalización sin un sólido sustento legal y motivados más por intereses políticos.