Ahora que ya quedó excluido de la sucesión presidencial y deberá concentrarse a plenitud en sus responsabilidades de secretario de Gobernación, habría que preguntarle al hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong cuántos muertos más debe haber en Veracruz para que de una vez intervenga en el estado tal como lo hizo en enero de 2014 en Michoacán, donde por decreto presidencial fue designado un comisionado federal para la seguridad y el desarrollo integral de esa entidad federativa.

Y es que según estadísticas del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros once meses de la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes se alcanzó una cifra récord de 1,514 homicidios dolosos, entre los cuales se incluye un alto número de feminicidios, a los que se sumó este lunes la ejecución en Pánuco de Yendi Guadalupe Torres Castellanos, fiscal especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia.

Hace apenas tres días, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un grupo de 243 académicas y trabajadoras de la Universidad Veracruzana de las cinco regiones de la UV en el estado firmaron y difundieron una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Yunes y a los alcaldes de 58 municipios en los que hace un año se emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, para manifestar su repudio por el incremento de los delitos contra la vida, libertad, integridad y seguridad de sus congéneres.

Señalaron concretamente que de enero a octubre del presente año, en Veracruz han sido asesinadas 219 mujeres, cifra que supera la registrada durante 2016.

Según estadísticas del INEGI, el año pasado fueron asesinadas en todo el país dos mil 813 mujeres, cifra 18 por ciento más alta a la registrada durante 2015 y la más elevada en los últimos 27 años.

En distintos foros recientes, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha considerado como fundamental que los gobiernos estatales manden un mensaje muy claro de cero tolerancia a partir de un combate frontal a la impunidad, que permea en más del 90 por ciento de los casos de violencia hacia la mujer.

Lamentablemente en Veracruz, el gobernador Yunes Linares tampoco ha podido cumplir su compromiso de campaña de brindar plenas garantías de seguridad a la mujer.

Y es que, como se recordará, a mediados de febrero de este año, a casi 80 días de iniciado el nuevo gobierno, la secretaria nacional de Igualdad de Géneros del PRD, Claudia Castello Rebollar, vino a la entidad para reprochar en conferencia de prensa que ni el gobernador Yunes ni el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, su compañero de partido, le habían cumplido a las mujeres, por lo que la perredista los emplazó no sólo a instalar la Comisión Estatal de la Mujer sino a reincorporar a las empleadas que habían sido despedidas de la burocracia estatal y a establecer la alerta de género.

Castello exhortó a Yunes a respetar los acuerdos que en esta materia había asumido en su alianza con el PRD.

Hasta siete meses después, en septiembre pasado, Yunes instaló formalmente el Consejo Consultivo de la Mujer, en cuya ceremonia de toma de protesta, por cierto, ridiculizó a su secretario de Gobierno al expresar que “las mujeres que están en mi gabinete trabajan mejor que los hombres, incluyendo al señor Franco”.

Pero de qué sirve que trabajen mejor si no les garantiza su seguridad, como a la fiscal ejecutada en Pánuco.