Al que se le avizora una amarga Navidad es al titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, por el alud de amparos federales que están dejando sin efecto las órdenes de aprehensión que había ejecutado o estaba por ejecutar en contra de varios ex funcionarios del régimen anterior.

Y es que el pasado viernes 15, por ejemplo, en audiencia privada la Juez de Control Penal de Pacho Viejo, Alma Aleida Sosa Jiménez, tuvo que dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo número 878/2017 del índice del Juzgado Federal de Distrito Decimoctavo, interpuesto por los abogados defensores Juan Martínez Sánchez y José Martín Rivera Martínez, el cual les fue concedido para que se dictara la libertad del detenido Isaías Alonso Salas, exsubdirector Administrativo de la Secretaría de Salud, eximiéndolo de la responsabilidad que se le imputaba dentro de la Causa Penal 139/2017, en la que se le implicaba en los malos manejos de adjudicación de la obra pública de la Torre Pediátrica del puerto de Veracruz, cuya construcción inconclusa se inició y continuó en las administraciones de los ex secretarios Pablo Anaya Rivera y Juan Antonio Nemi Dib, favoreciéndose al constructor César Augusto Turrent, quien sin licitación pública le fue asignado un contrato por casi 400 millones de pesos.

En opinión de los abogados litigantes, en este caso se ha hecho justicia por parte de los juzgadores federales y de control –inclusive reconocen que hasta “por la buena fe” de la FGE– al valorar debidamente los datos de prueba que demostraron la inocencia del ex funcionario liberado, pues aducen que de acuerdo con las constancias procesales que obran en la carpeta penal citada, existen datos suficientes para perseguir y sentenciar a varios años de prisión a los ex secretarios de despacho responsables que firmaron dicha adjudicación y entregaron cientos de millones de pesos sin escrúpulos y que ahora están en calidad de prófugos de la ley, sin dar la cara.

Y es que, según trascendió, aparte de Alonso Salas también acaba de ser exonerado en otro juicio de amparo el exdirector administrativo de la misma Secretaría de Salud, Pedro Luis Medina Martínez, quien a diferencia de su ex subordinado ni siquiera pasó la vergüenza de pisar la prisión, presumiblemente por la supuesta influencia de su padre Pedro Medina Amador, actual presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el estado.

Pero estos dos casos no son los únicos. Este jueves 14 fue liberado también el teniente de navío José Antonio Villegas Rosas, exdirector de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), el cual había sido vinculado a proceso luego de ser detenido sorpresivamente en el estacionamiento de una plaza comercial de Xalapa hace apenas tres meses, a mediados de septiembre pasado, por la posesión de un vehículo de dudosa procedencia.

Y ha trascendido que en el transcurso de esta semana, como regalo de Navidad, también serían puestos en libertad los policías municipales de Coatepec implicados en el asesinato del tesorero de dicho Ayuntamiento, Guillermo Pozos Rivera, secuestrado el 22 de agosto de 2014, por cuyo crimen fue desaforado en junio de 2015 el alcalde priista Roberto Pérez Moreno, “Juanelo”, acusado de ser el autor intelectual del resonado homicidio.

Y antes, el 29 de noviembre, la justicia federal amparó directamente a Araceli Rodríguez Viveros, ex Secretaria Ejecutiva el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP), contra actos reclamados por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por un presunto daño patrimonial de 714 millones de pesos al erario del estado.