Un fin de semana para Veracruz saturado de hechos violentos, en el cual se estima, cerca de 30 personas fueron asesinadas, entre ellos el alcalde en funciones de Ixhuatlan de Madero, su esposa y tres colaboradores; de ello las autoridades han prácticamente “deliberado” que aquí también hay culpa del pasado; sí efectivamente han referido que los asesinos son ex funcionarios de la pasada administración.
A decir de la propia Fiscalía y el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, el alcalde llevo a cabo tratos con ex funcionarios para realizar compras -a bajo precio- de láminas para su municipio motivo por el cual se trasladó a la vecina ciudad de Xalapa –Banderilla- donde fue asesinado por los ex colaboradores del Duartismo, hoy delincuentes.
Sin duda la Fiscalía es quien tendrá la carga de la prueba, es decir, demostrar que éstos señalamientos son ciertos y evidentemente probarlo, pero sin ligar a dudas, llama la atención que aquí también se encuentre justificación en el pasado, pues al referir que se trata de ex funcionarios –hoy delincuentes- sin lugar a dudas se deja de lado cualquier otra línea de investigación y se refiere que asesinatos como éstos, son culpa también de la anterior administración; versiones circuladas en redes refieren que los asesinos fueron policías en funciones, de ahí la presencia del Secretario de Seguridad en el lugar de los hechos.
Algo queda claro y es que hoy los veracruzanos, se toman ya, con reservas, esas teorías que solo lanzan culpas, pero que al final no resuelven nada. Lo urgente es, disminuir los índices de seguridad, con hechos casi permanentes que van desde asaltos, robos, hasta secuestros y ejecuciones; se ésta perdiendo la credibilidad en un discurso que señala, acusa y no prueba, en definitiva que no está dando los resultados esperados. Ayer en un comunicado ¨”oficial” la Fiscalía General confirmó que el Alcalde, su esposa y 3 colaboradores fueron ejecutados por ex empleados.
A propósito del tema de seguridad, recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha lanzado un pronunciamiento severo respecto del abuso y exceso que los jueces de control están realizando respecto de la medida cautelar de Prisión Preventiva y es que desde la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, solo se ha disminuido en el país un 17 por ciento de personas en prisión que aún no han sido sentenciadas, lo cual muestra escasos resultados de un procedimiento que establece que la privación de libertad debe de ser el fin último, pues de lo contrario se viola el principio de presunción de inocencia.
Así la CNDH ha referido que acorde a la nueva legislación nacional, la prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva que no debe ser aplicada por un periodo fuera de los márgenes compatibles con los derechos humanos, ya que como se ha visto, cuando ésta excede el plazo razonable previsto en las normas nacionales e instrumentos internacionales, se convierte en una medida desproporcionada que podría ser equivalente a una pena anticipada.
Por lo anterior, Derechos Humanos, ha referido existe abuso y dilación respecto de la aplicación de esta medida cautelar, lo queconlleva a dar trato a una persona procesada en prisión preventiva como sí cumpliera una pena de prisión y no bajo el concepto, tanto de lasnormas nacionales, como de los instrumentos y estándares internacionales, de aplicación excepcional, por lo que determinó que, el Estado mexicano debe considerar a la prisión preventiva como una medida cautelar excepcional y reconocer a las personas a las que se aplica la presunción de inocencia, atendiendo los preceptos establecidos en la Constitución, en las “Reglas Mandela”, así como en los estándares emanados del sistema universal e interamericano de derechos humanos. Con una medida cautelar de prisión preventiva excesiva se afecta no solo al acusado, sino a las víctimas directas o indirectas.
Así es que refiere debe existir la obligación de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites constitucionalmente establecidos de aplicación de la acción de la justicia, sin que ello implique el modificar la medida cautelar de prisión preventiva por otra restrictiva de la libertad. Lo anterior cobra relevancia considerando lo que ocurre en Veracruz, donde los jueces parecieran hacer patentado la prisión preventiva de 2 años, sin mediar que ésta debe de ser la última de las medidas a emprender, pues por ello –la reforma- considera la presunción de inocencia.