Relevante resulta que en sesión de ayer, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) –derivado de una solicitud de información que incumplió- ordenó a la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado que atendiera la petición e informará como es su obligación sobre el monto total del presupuesto oficial para 2017 asignado para publicidad oficial, así como la especificación de convenios a medios de comunicación.
Y es que ejerciendo el derecho de acceso a la información, tutelado por la constitución y tratados internacionales, un particular solicitó a través del IVAI los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña, referente a éste año, así como el total del recurso oficial ejercido para este rubro.
Como era de esperarse, la dependencia a cargo Elías Assad Danini, titular de comunicación social del gobierno de Veracruz, evadió responder al respecto. A través del encargado del órgano de transparencia de la oficina de comunicación negó la información con argumentos absurdos, evitando turnar la solicitud a otras áreas que por sus atribuciones tendrían que detallar el uso y destino de recursos públicos a publicidad del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Luego entonces el IVAI consideró que se omitió la búsqueda de información, por ello al resolver el recurso de revisión IVAI-REV/1483/2017 interpuesto por el solicitante, éste se consideró fundado y procedente, por lo que se ordenó a la oficina de Assad Daninique realice una búsqueda exhaustiva de la información solicitada en las áreas competentes, entre ellas la Unidad Administrativa, la que deberá pronunciarse sobre la existencia de lo peticionado, y en su caso, entregarla y/o ponerla a disposición de la parte recurrente, de continuar en la negativa pudieran hacerse acreedores a las sanciones previstas en la normatividad vigente.
Lo anterior evidencia –como ya es costumbre- en la actual administración, la falta de trasparencia y opacidad en el uso de los recursos públicos. El Gobierno de Miguel AngélYunes Linares ha insistido en no destinar recurso alguno a los medios de comunicación, pero los hechos muestran la asignación a unos cuantos medios que favorecen intereses personales y de partido de la actual administración.
El actuar del actual gobierno en cuanto a la negativa de informar sobre el uso de recursos públicos asignados a publicidad oficial cobra mayor relevancia, pues derivado del reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia -donde ordena al congreso legislar respecto a la reglamentación del artículo 134 constitucional respecto de la asignación de dinero público a medios de comunicación para publicidad- se sientan las bases de la obligación de la autoridad para detallar en que y quienes se ha destinado el dinero público bajo el rubro de publicidad oficial.
El Congreso de la Unión tendrá que acatar esta determinación antes del 30 de abril. En los criterios vertidos por los ministros de la SCJN se advierte sobre la urgencia de trasparentar la asignación de convenios publicitarios, pues lo contrario constituye una clara violación a derechos humanos, vulnerándose también el acceso a la información; así es que, quiera o no, Yunes Linares y su equipo de trabajo tendrán que reconsiderar su negativa a trasparentar el uso del dinero público y es que en temas de medios de comunicación tiene mucho que explicar, pues a decir de él, no se ha destinado dinero alguno para éste rubro ¿entonces a donde ha ido a parar el dinero? ¡así con el actuar del gobierno veracruzano!.