A propósito del primer informe del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares -quien ha restringido notoriamente la publicidad a medios de comunicación en la entidad como medida de castigo por la crítica hacia su persona, además de evitar a toda costa asumir la obligación oficial de liquidar los pendientes por concepto de publicidad, argumentando que no destinará un solo peso a deudas del pasado, mostrando con ello que ha hecho suyo un dinero público destinado a trasmitir las obras y acciones de su administración como obligación constitucional- ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la unión elaborar la Ley reglamentaria del artículo 132 en cuanto al uso adecuado del dinero público para informar y no para que, autoridades, se promocionen con fines político-electorales.
Dicho logro histórico que además constituye un precedente legal, confirma –en diferentes interpretaciones de la Corte- que la asignación de publicidad oficial es una obligación de la autoridad como mecanismo de información a la ciudadanía y no una canonjía que beneficie a medios de comunicación afines con la única intención de generar culto hacia su persona en la búsqueda de empoderamiento con fines electorales. Lo anterior permite vislumbrar un nuevo panorama en cuanto a la defensa del derecho a la información, a la libertad de prensa y libertad de expresión, consignados en la constitución política de nuestro país y salvaguardados por organismos mundiales e internacionales.
En un hecho sin precedente, digno de celebración en nuestro país, el ministro Arturo Zaldívar, logró el aval de otros 3 ministros, obteniendo así la mayoría con el voto a favor de 4, de los 5 integrantes de la primera sala. En su sentencia argumentó que las autoridades tienen la obligación de respetar la Constitución, de tal manera que cuando existe un mandato constitucional, el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar, sino que puede ser obligado a ello por los tribunales de amparo, pues éstos tienen facultades para analizar la constitucionalidad tanto de las leyes como de las omisiones, y ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando estos son violados.
Éste avance jurídico fue posible, con motivo de la perseverancia de la Organización defensora de la libertad de expresión Articulo 19, quien desde 2014, promovió un amparo para argumentando la inacción del Congreso de la Unión para elaborar la ley reglamentaria de la reforma al artículo 134 respecto de la publicidad oficial; el juez de distrito que conoció en primera instancia el documento negó el amparo argumentado absurdamente incompetencia para resolver respecto de temas político-electorales y que además tendría efecto colectivo y no personal, lo cual además reflejó su ignorancia pues desde 2011 , la Ley de Amparo, reconoce que los amparos pueden tener un beneficio agrupado, y no solo del que lo promueve.
Sin duda un precedente legal que pudiera ser un referente en estados como Veracruz donde el gobierno de Miguel AngelYunes Linares ha limitado la publicidad oficial en medios de comunicación como castigo por la crítica hacia su persona, buscado con ello la desaparición de medios de comunicación que han informado de manera imparcial sobre la inacción de su administración. Linares anticonstitucionalmente ha hecho suyo un dinero público que tiene que ser destinado a los medios con mayor penetración para dar cuenta de sus acciones. ¡Un tema que da mucho de qué hablar y de que actuar!
Y bueno volviendo al primer informe del Ejecutivo del Estado, hay que referir que éste ha sido sumamente criticado por la falta de resultados y contrario a ello abocarse a culpar al pasado; hacer uso en su favor del enojo hacia el peor Gobernador de la historia de la entidad, Javier Duarte de Ochoa fomentando el odio y escarnio; enfocarse en promesas a futuro y en intenciones que se alejan de las acciones y es que si bien es cierto es poco tiempo para cambiar la situación de la entidad, no hay justificación para que durante estos 12 meses se hayan incrementado los índices de inseguridad, colocándose Veracruz como la segunda entidad con mayor número de secuestros, además el desempleo se ha incrementado.
Ello sin contar que Linares se comprometió a rescatar al Congreso y hoy se caracteriza –como en el pasado o peor- por ser uno de los más controlados y sumisos, el mismo ocurre con la supuesta “autonomía” de la fallida Fiscalía General del Estado, entre otros muchos temas, que no se justifican con el argumento del poco tiempo, debido a que no solo se han mantenido, sino que han empeorado ¡así las cosas en nuestra entidad!