Por Magda Zayas Muñoz
Columna: Momentos
Momentos
2015-05-04 | 20:14:20
Ley anticorrupción y la permanencia del fuero
Magda Zayas Muñoz @magzamu
Apenas hace unas horas el Congreso del Estado de Veracruz dio el visto bueno a la Ley Anticorrupción, propuesta por el Gobierno Federal y que se sometió a la aprobación de las 32 entidades federativas del país por tratarse de una modificación constitucional; nuestro estado fue de los últimos en aprobarla, y prácticamente hace casi un mes autoridades federales anunciaron que ya el procedimiento había sido cumplido para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, pues la mayoría de los municipios –no así Veracruz-la habían aprobado.
Por obvias razones los diputados federales cuestionaron el desempeño de los diputados locales quienes parecían tener en la banca dicha iniciativa que podría afectarle a funcionarios estatales; del tema ya ha habido diversas opiniones sobre algunas deficiencias que radican en dicha reforma y del tema también hablo Alberto Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV.
El personaje en mención refirió que al menos se trata de 3 deficiencias severas y es que dijo el Sistema Nacional Anticorrupción es el resultado del esfuerzo de muchas organizaciones civiles por tratar de controlar este terrible fenómeno que impera en nuestro país, tratándose de un pacto con los partidos políticos que significa un avance sustantivo desde el punto de vista legal y constitucional en la lucha contra la corrupción.
Pero dicha lucha, expresó, se queda corta pues existen faltantes que observar como la permanencia del fuero, lo cual nulifica los avances conseguidos, además, dijo, aunque habrá instrumentos legales y constitucionales que controlen la corrupción ”más descarada y cínica”, el problema no termina de raíz.
"Tenemos un problema serio todavía con la corrupción de los políticos electos que mediante la figura del fuero podrán evadir sus responsabilidades por lo menos por largo tiempo, ya que el fuero se ha convertido en una especie de garantía de impunidad de los políticos delincuentes".
El segundo factor para el investigador, se trata de la falta de autonomía del Fiscal Anticorrupción que sigue perteneciendo al ámbito de la Fiscalía Especial de la Nación “esto es un elemento clave del diseño institucional, el Fiscal debe tener una figura totalmente autónoma, cosa que no se logra por completo en esta reforma".
Colocando así, el tercer inconveniente en el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) seguirá dependiendo de la Cámara de Diputados, "no tiene autonomía plena y por tanto, si por alguna razón en la Cámara de Diputados hay algún partido mayoritario que tenga más del 50 por ciento de la bancada, va a poder controlar también a las comisiones, que controlan la propia Auditoría Superior, por tanto su autonomía política está acotada".
Sumado a ello las limitaciones que presenta el Sistema Nacional Anticorrupción, tardará por lo menos tres años en poderse implementar. Sin duda le asiste mucha razón al investigador puesto que mientras el fuero permanezca la politización de la justicia seguirá estando presente, al menos en lo que respecta a los funcionarios con cargos de representación popular que gozan de dicha canonjía.
El fuero debería de ser un tema de estudio real y serio en el Congreso de la Unión, pues se trata de una medida manoseada y mal usada desde sus inicios; no estaría de más que el desafuero fuera una tarea ajena a los legisladores, porque al ser los diputados los encargados de desaforar, el tema toma tintes políticos y deja aún lado lo prioritario
El fuero tiene sus orígenes en la separación de poderes y la búsqueda de la independencia del poder legislativo y los alcaldes con respecto al ejecutivo, sobre todo en el caso de las monarquías parlamentarias; se trataba también de proteger a los legisladores por lo que pudieran expresar en tribuna y no ser presa del poder político por las críticas u opiniones que pudieran lanzar, pero ello ha dado un giro y ahora –se trata- de una medida usada por el partido en el poder para despojar del fuero a alcaldes o legisladores que no concuerdan con sus intereses políticos. ¡Así las cosas!
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