@magzamu

A inicios de éste año, 26 estados, entre ellos Veracruz reportaban severas fallas en la aplicación del nuevo modelo de justicia penal y adversarial, a la fecha el panorama es similar, son muy pocos los avances que se reportan muy a pesar de lo que se diga y lo que se pretenda mostrar a la sociedad, sobre todo existe una negación referente al respeto de los derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia, principios, hoy en día, consagrados en este nuevo modelo.
El tema viene a colación porque apenas el martes, el Mandatario Veracruzano estuvo presente en la inauguración de la IX Reunión Nacional de Órganos Implementadores del nuevo sistema de justicia penal, del tema dijo que se tienen avances en 10 de los 21 distritos del Estado, refiriendo que para noviembre se tendrán 9 más y los tres restantes para el 2016.
El gobernador dijo que Veracruz es leal a los mandatos del pacto federal y por lo tanto está dando pasos para sentar las bases del nuevo sistema de justicia penal, que será mucho más cercano, transparente y confiable; ello dijo genera una procuración de justicia con pleno respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos y de paso destacó avances dentro de un programa de capacitación a todos los servidores públicos vinculados a esta materia.
En dicho evento presidido por María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria Técnica del Consejo consultivo para la implementación del sistema de justicia penal, las autoridades estatales, hablaron de las bondades del nuevo sistema y de los pretendidos avances que al día de hoy no se concentran; lo cierto es que según los datos de la Secretaría de Gobernación, a 14 meses de que venza el plazo, solo en 4 entidades se opera el sistema acusatorio en forma total y 24 más parcialmente.
Los estados más avanzados en el nuevo sistema, según el estudio que la Secretaría de Gobernación arrojó en enero, determinó que solo seis entidades cuentan con 6 o más puntos, en una escala de cero a 10 y ellos son Chihuahua, con 8.3; seguida del Estado de México, con 7.7; Yucatán, con 7.4; Morelos, con 7.3; Nuevo León, con 6.8; y Durango, con 6.0.
Baja California, Coahuila, Chiapas y Guanajuato están en el rango de los 5 a los 5.9 puntos, en la denominada “Nueva Metodología de Clasificación y Estratificación”; en la parte más baja están Sonora, con 2.5 puntos; Nayarit e Hidalgo, con 3.0; Aguascalientes, con 3.1; Tlaxcala, con 3.2; así como Baja California Sur; Campeche y Guerrero, con 3.3.
El Distrito Federal, que tiene uno de los sistemas penales más robustos del País, apenas obtuvo una calificación de 3.4 puntos, mientras que Jalisco, Colima y San Luis Potosí también están entre los 3 y los 3.9; en tanto que Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas tienen puntajes de los 4 a los 4.9.
Para elaborar dicho ranking, la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Penal (Setec), dependiente de la Secretaría de Gobernación tomó en cuenta factores como “población cubierta”, es decir el porcentaje de la población que habita en los municipios donde ya opera el nuevo sistema, respecto a la población total de cada una de las entidades.
El órgano de la Segob también consideró la “gradualidad” de la reforma, así como el promedio de los resultados por eje estratégico y por institución estatal. Los ejes que midió son normatividad; gestión y reorganización institucional; capacitación; tecnologías de la información y equipamiento; e infraestructura.
La clasificación, que se incluyó en los Criterios de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para 2015, determinó que se debe acelerar el proceso, asegurando la plena y debida implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como su operación en todas las regiones y delitos para antes del 18 de junio de 2016, como lo establece el mandato constitucional.
Lo cierto es que lejos de los que se dig, en Veracruz, los avances son lentos, empezando por la capacitación que tanto se presume pero que poco se implementa, además de la inversión en infraestructura, basta realizar un recorrido por las “nuevas” instalaciones donde se encuentran los ministerios públicos para darse cuenta que son insuficientes y deficientes; el Poder Judicial es quien avanza y da pasos adelante, pero mientras el área de Procuración de Justicia no avance, el riesgo de generar impunidad es latente.