Este martes 17, el gobernador Javier
Duarte de Ochoa tuvo que mover de la
Secretaría de Finanzas y Planeación
(Sefiplan) a Mauricio Audirac, pese a
la amistad que le une con él.
Pero por encima de la relación
personal terminó pesando más la responsabilidad
gubernamental. Audirac
era insostenible. Estaba vetado en la
Secretaría de Hacienda y era mal visto
también en la Auditoría Superior de la
Federación. Las presiones obligaron a
Duarte a prescindir de su amigo.
En su lugar, el jefe del Ejecutivo
decidió nombrar a Antonio Gómez
Pelegrín, con una larga trayectoria en
la administración pública de Veracruz
y quien de manera particular ha prestado
servicios de consultoría en materia
de fiscalización a gobiernos estatales
como los de Guerrero y Michoacán. En
julio de 2014 retornó a la entidad como
jefe de la Unidad Administrativa de la
Contraloría General del Estado (CGE)
al lado de Ricardo García Guzmán, con
el cual ya había coincidido en el régimen
del gobernador Miguel Alemán Velasco
(1998-2004), en el que Gómez Pelegrín
manejó los recursos del sector educativo
bajo el mando del extinto Juan Maldonado
Pereda, titular de la SEV.
Por ello es que aunque formalmente
su nombramiento era el de administrador
interno de la Contraloría, de hecho la
verdadera función que Gómez Pelegrín
venía realizando desde hace ocho meses
en la CGE era la de enlace para atender
exclusivamente las observaciones que
la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) hizo al gobierno del estado de
Veracruz sobre los fondos federales correspondientes
a la Cuenta Pública 2013.
Y es que de acuerdo a un artículo
firmado por Arturo Chávez, del portal
de internet Quadratín Veracruz, desde
mediados de febrero del año pasado la
CGE, a cargo aún de Audirac, conoció
oficialmente las observaciones hechas
por la ASF al gobierno estatal por el uso
indebido de los recursos federales que
podrían derivar en daño patrimonial,
por lo que la dependencia ahora en
manos de García Guzmán comenzó a
enviar, a partir de agosto de 2014, una
serie de oficios para tratar de solventar
las presuntas irregularidades.
El 20 de febrero pasado la ASF hizo
públicos los resultados de la auditoría a
los recursos federales transferidos por el
Gobierno de la República a los estados
del país, por un monto de 70 mil millones
de pesos, reportando irregularidades en
más de 40 mil millones, de los cuales
el 25% corresponden a Veracruz. En
total, 10 mil 335 millones de pesos cuya
correcta aplicación deben de comprobar.
Entrevistado al respecto, el auditor
Juan Manuel Portal Martínez, titular
de la ASF, calificó este caso como “muy
complicado”.
El reportero Chávez remite a la
página oficial de la ASF en internet
(www.asf.gob.mx), en la que aparece
una serie de oficios respondidos por la
Contraloría General del Estado desde
agosto de 2014 –casi un mes después
de que García Guzmán sustituyera a
Mauricio Audirac, quien de la CGE pasó
a la Sefiplan–, en los que la dependencia
encabezada ya por el ex alcalde de
Pánuco intentó solventar, sin éxito, las
observaciones de la ASF.
Entre los documentos que cita el
colaborador de Quadratín Veracruz
está el Oficio número CG/ENLACEASF/
0595/2014, del 19 de diciembre
de 2014, referente al Fondo de Aportaciones
para los Servicios de Salud,
donde la Auditoría Superior determinó
un probable daño a la Hacienda Pública
Federal por un importe de 315 millones
898 mil pesos.
Sobre este caso, la CGE abrió el
Procedimiento Disciplinario Administrativo
número 242/2014 con fecha
18 de diciembre de 2014 en contra de
funcionarios o ex funcionarios, de la
Sefiplan, “probables responsables cuya
conducta motiva lo observado”.
En 2013 la Secretaría de Finanzas y
Planeación tuvo tres titulares: Salvador
Manzur Díaz, actual delegado estatal de
Banobras; Carlos Aguirre Morales, hasta
ahora subsecretario de Egresos de la
Sefiplan, y a Fernando Charleston Hernández,
quien en julio de 2014 renunció
para volver a su curul en la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
Otro ejemplo citado por Quadratín
Veracruz es el del Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica y Normal. La
CGE remitió a la ASF el Oficio número
ENLACE-ASF/0021/2014, con fecha
20 de agosto de 2014, en el que remite
documentos para solventar las observaciones.
No obstante, el máximo órgano
fiscalizador las consideró insuficientes
y determinó un probable daño a la Hacienda
Pública Federal por un importe
de 2 mil 30 millones 581 mil 200 pesos
que representa el 10.6 por ciento de la
muestra auditada; adicionalmente pidió
aclarar el destino de 2 mil 295 millones
426 mil pesos.
Asimismo, del Fondo para la Infraestructura
Social Estatal, la ASF detectó
un probable desvío de 625 millones
254 mil pesos que representa el 92.1%
de la muestra auditada, “así como incumplimientos
de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental”. La CGE
abrió los Procedimientos Disciplinarios
Administrativos número 195/2014 y
196/2014 de fecha 6 de octubre de 2014.
En resumen: la CGE sí tuvo conocimiento
de las observaciones, respondió
pero no pudo solventar las irregularidades
y abrió 10 expedientes para dar
con los responsables de los probables
desvíos, pues en los próximos días la
ASF habrá de definir el monto de lo
que el gobierno de Veracruz tendrá que
reintegrar, con sus respectivos intereses,
a la Hacienda Pública Federal. Por eso
se tuvo que ir Audirac de la Sefiplan.